Edición Especial 05/04/2017

“PRIMER PODER” A.C.

Edición Especial

05/04/2017

EDITORIAL: “En las protestas hay pocos, con mucho; y muchos, con poco.” / “¿Hay que criticar que seamos pocos protestando? ¿nunca vamos a salir del régimen criminal porque millones no salimos a la calle? Revisemos bien los argumentos porque cuando se mira la vida, también hay que mirar la manera como la miramos. Un triunfador es aquel que siempre encontró soluciones a sus problemas y corrección a sus errores, hasta llegar al triunfo.”  (…)  “En cuanto al valor personal de los manifestantes democráticos, el cuadro de desventajas les enaltece. Eso se llama valentía, toda vez que se actúa a pesar del miedo ante los grandes riesgos que ofrece tanta desventaja. Nada más y nada menos hay que considerar lo que significa enfrentarse sin armas de fuego y sin amparos constitucionales contra una masa de tropas, entre los que hay aquellos que van seguros de que tienen el derecho y cuanto más el deber de matar a quien se les oponga, sino que además, saben que cuentan con el “amparo” del aparato estatal -que han secuestrado- para impunemente (y cuidado si premiadamente) cometer todos los abusos y crímenes.”  (continúa) https://archivoprimerpoderac.blogspot.com/2017/04/editorial-en-las-protestas-hay-pocos.html

“Los vecinos de Baruta en la OEA apoyando a la AN y a la Carta Democrática” “Estos ciudadanos baruteños hacen ejercicio de los derechos y deberes que impone la Constitución Nacional y en tal sentido apoyan las acciones iniciadas por la mayoría de los países signatarios de la OEA, que respetan los aspectos considerados dentro de la Carta Interamericana Democrática, la cual obliga a los dirigentes de los gobiernos a cuidar el orden democrático en sus gestiones.”  (…) “En este sentido, la ciudadanía exige que sea respetada su voluntad, expresada con su voto el 06 de diciembre del año 2015, como resultado de las elecciones de los Diputados a la Asamblea Nacional, toda vez que este es un Poder fundamental dentro de la estructura estatal decretada en la Constitución Nacional. Hecho por el cual, ningún otro Poder puede desconocerle sin antes caer en desacato a la Carta Magna.”  (continúa) https://archivoprimerpoderac.blogspot.com/2017/04/losvecinos-de-baruta-en-la-oea-apoyando.html

Frente Amplio Social (FAS) > Exhorta a la FGR a actuar para que magistrados del TSJ respondan ante delito cometido / El pasado domingo en la mañana “Tinedo Guía, coordinador nacional del Frente Amplio Social (FAS) acompañado de representantes de varias organizaciones civiles independientes como “Confederación de Profesionales de Venezuela” (CONFEPUV); “Primer Poder” AC., “Médicos Unidos por Venezuela” y “Defensores Populares de la Nueva Republica” – entre las otras muchas organizaciones existentes en 17 regiones del país - exhortaron a la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz a dar inicio a una investigación de oficio en contra de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la publicación de las sentencias 155 y 156 que prácticamente eliminaban las funciones del parlamento, para ser revocadas posteriormente mediante las sentencias 157 y 158. “El delito ya fue cometido, lo que procede ahora es una investigación por parte del Ministerio Público”. (continúa)  https://archivoprimerpoderac.blogspot.com/2017/04/frente-amplio-social-fas-exhorta-la-fgr.html

RESUMEN DE TITULARES elaborado por Alberto Federico Ravell

• Con perdigones, lacrimogenas y balas reprimieron manifestacion en defensa de la AN.
• Diputados golpeados y rociados con gas pimienta.
• Numerosos heridos y detenidos.
• Hoy Venezuela solicitara la renuncia de Almagro en reunión de la OEA.
• Hoy sesiona la AN para iniciar procedimiento contra magistrados del TSJ.
• Reverol pide investigar a Capriles por "hechos violentos" en la marcha opositora.
• Pedro Carreño pide inhabilitar a Voluntad Popular.
• Diosdado y Mario Silva hicicieron las paces.
• Colectivos echaron plomo...pero Maduro dice que la oposición intento llenar de sangre a Caracas.
• Maduro dijo que en 2018 habran elecciones.
• 110 ONG piden renuncia del Defensor (?) del Pueblo por apoyar golpe del TSJ.
• Responzabilizan al gobierno sirio del ataque quimico.
• Cristina K tiene prohibicion de salida. Le embargaron los bienes.
• Dólar negro alza vuelo otra vez.
• Congreso colombiano aprobó blindar acuerdo de paz con las FARC.
• Brutal represion.
• Van por Capriles y por Voluntad Popular.
• Diosdado parece presidente. Ayer opaco a Nicolas.
• Hoy Delcy, el del "sombrerito" y Moncada tiene preparado un show en la OEA. Compren cotufas.

Frente Amplio Social (FAS) > Exhorta a la FGR a actuar para que magistrados del TSJ respondan ante delito cometido

Frente Amplio Social (FAS) > Exhorta a la FGR a actuar para que magistrados del TSJ respondan ante delito cometido /

Tinedo Guía, coordinador nacional del Frente Amplio Social (FAS) acompañado de representantes de varias organizaciones civiles independientes como “Confederación de Profesionales de Venezuela” (CONFEPUV); “Primer Poder” AC., “Médicos Unidos por Venezuela” y “Defensores Populares de la Nueva Republica” – entre otras muchas organizaciones existentes en 17 regiones del país - exhortaron a la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz a dar inicio a una investigación de oficio en contra de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la publicación de las sentencias 155 y 156 que prácticamente eliminaban las funciones del parlamento, para ser revocadas posteriormente mediante las sentencias 157 y 158. “El delito ya fue cometido, lo que procede ahora es una investigación por parte del Ministerio Público”.

Destacó que el Frente Amplio Social rechaza el “golpe de Estado” que desde el Tribunal Supremo de Justicia se llevó a cabo con dos sentencias que obligaron a la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz a declarar que en el país existe el rompimiento del hilo constitucional. “Solicitamos a la ciudadana Fiscal que de oficio, inicie la investigación para determinar la gravedad del delito cometido por los miembros de la Sala Constitucional”.

Aseguró que no hay ninguna duda que las sentencias 155 y 156 del máximo tribunal de la República son un, “golpe de Estado” contra la Constitución así como un, “Golpe de Estado continuado” en contra del parlamento venezolano, “primer poder de la República y representación genuina del voto popular”.

Recordó que la Asamblea Nacional ha sido limitada desde el principio en su función de legislar y de órgano contralor, llegando al extremo de que la memoria y cuenta del ejercicio presidencial y de los funcionarios públicos fue presentada en el Tribunal Supremo de Justicia, “cuando constitucionalmente se debió haber hecho en la Asamblea Nacional”.

Deploró que a través de un “cónclave” entre el presidente Maduro y algunos funcionarios de su gobierno se pretenda minimizar lo ocurrido a raíz de las sentencias del TSJ. “En la Comisión de defensa nacional, Codena, faltaron dos personalidades importantes para la toma de decisiones: la Fiscal general de la República y el presidente de la Asamblea Nacional. Ni el presidente puede intervenir en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia ni la propia Sala Constitucional puede enmendar o eliminar una decisión que ya tomó”.

Por otra parte, Tinedo Guía solicitó que se abran los puertos y aeropuertos, “para la ayuda humanitaria tan necesaria en nuestro país”, permitiendo así acabar con la lamentable situación que padecen cientos de venezolanos que se ven obligados a buscar que comer en la basura y además, para que los enfermos tengan la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios para la recuperación de su salud.

Tinedo Guía advirtió que Venezuela está obligada a aceptar, como miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, las normas establecidas en la Carta democrática interamericana en su artículo 20, a fin de que se puedan restituir los derechos constitucionales. “Venezuela fue firmante de este instrumento de la OEA, por lo tanto es Ley de la de República”. 

EDITORIAL: “En las protestas hay pocos, con mucho; y muchos, con poco.”

EDITORIAL: “En las protestas hay pocos, con mucho; y muchos, con poco.”

Imagen de Infobae

¿Hay que criticar que seamos pocos protestando? ¿nunca vamos a salir del régimen criminal porque millones no salimos a la calle? Revisemos bien los argumentos porque cuando se mira la vida, también hay que mirar la manera como la miramos. Un triunfador es aquel que siempre encontró soluciones a sus problemas y corrección a sus errores, hasta llegar al triunfo. 

Hay un pueblo que está harto. En las marchas o en los mercados, la gente protesta por el hambre y las enfermedades sin posibilidad de curación; junto con los robos y asesinatos que nacen de una criminalidad estatizada.  Nos han quitado todos los derechos y hasta el voto, nos lo prohíben cuando lo exige la Constitución Nacional. Venezuela es territorio sin ley bajo manos criminales.

Es esta criminalidad que se disfraza con uniformes militares o de policía; o que logra graduar a unos individuos de abogados para crear una red judicial corrupta que no solamente les otorgue impunidad a sus crímenes y delitos; sino que además, son los que se coronan como dueños del país y del estado para “legalizar” su barbarie y sus crímenes.

Es esta criminalidad que inclusive tiene colegas en otros países que han estatizado al crimen, hasta con el poder para tomar decisiones dentro de organismos internacionales bajo la falsa e ilegítima fachada de ser representativos de todo un pueblo al cual subyugan con violencia, crimen, miseria y calamidades.

Los demócratas quienes asistimos a las protestas contra el régimen castro-chavista (sea de manera regular o eventual) tenemos una lectura de tales eventos que por lejos se interpreta como débil. Si bien la presencia es escasa (al compararlas con algunas concentraciones populares históricas) la fortaleza de la representación es cada vez mayor. Desde las mismas ventanas de las oficinas estatales o los mismos guardias o policías hacen gestos de apoyo a los marchantes. Quizá como nunca antes en nuestra historia venezolana tan pocas personas han tenido tanto valor personal y representativo.

En cuanto al valor personal de los manifestantes democráticos, el cuadro de desventajas les enaltece. Eso se llama valentía, toda vez que se actúa a pesar del miedo ante los grandes riesgos que ofrece tanta desventaja. Nada más y nada menos hay que considerar lo que significa enfrentarse sin armas de fuego y sin amparos constitucionales contra una masa de tropas, entre los que hay aquellos que van seguros de que tienen el derecho y cuanto más el deber de matar a quien se les oponga, sino que además, saben que cuentan con el “amparo” del aparato estatal -que han secuestrado- para impunemente (y cuidado si premiadamente) cometer todos los abusos y crímenes.

Quizá como añadido, son estos criminales quienes combaten toda protesta, con grupos cínicos “colectivos” o cuerpos paramilitares vestidos de civil (en los que muchos son funcionarios profesionales o individuos entrenados por los cuerpos militares estatales). Claro que en la ya delatada maniobra que pretende esconder con disfraces no-oficiales a la asesina represión estatal. Lo que le delata es la pasividad descarada de los cuerpos estatales cuando hacen presencia estas bandas de barbarie. A ninguno de estos funcionarios le dicen que la Corte Penal Internacional los está esperando - ¿acaso no serán los pendejos sin dinero los que irán a parar a la cárcel, mientras los “peces gordos” quedarán protegidos por sus fortunas corruptas?

Estas humildes protestas venezolanas contrastan con las impactantes imágenes de las protestas populares en aquellos países donde los tiranos son derrocados. Sin embargo, hay que considerar que en aquellos escenarios tampoco se ve la presencia de “colectivos” asesinando a civiles desarmados, como tampoco la pasividad cómplice de los cuerpos estales.

No es correcto irrespetar el mérito de quienes en el mundo han logrado que inmensas masas humanas sin armas de fuego, hayan derrocado a sus tiranos. Acaso habría que comparar el grado de crueldad que estos últimos mostraron ante tales concentraciones pacíficas versus la crueldad que el castro-chavismo ha demostrado en Venezuela.

Sería muy noble –además de inteligente- revisar como se critica a la poca asistencia de personas a las protestas en Venezuela. Es posible que se deban hacer a justes a la manera como se mira este hecho.

Es realmente heroico el esfuerzo de quienes se presentan a protestar, no importando cuantos somos, ni contra cuantos nos vamos a enfrentar. Esto exige respeto –si es que todavía se quiere ser mezquino. Acaso habría que revisar la manera como se mira a si mismo quien lanza críticas contra quienes están arriesgando sus vidas en defensa de los mismos derechos que  después de triunfar, serán respetados para todos – incluyendo a los pasivos o cómodos, así como a los adeptos al chavismo pacífico.

No es que es mucho, sino muchísimo lo que representan las muy pocas personas que asisten a estas marchas, tanto que están allí en nombre del rechazo masivo que el 90% del país siente contra la tragedia que está representada por los "muchos" que obligados y pagados salen a defender a un régimen que ya no tiene apoyo. Si los números de las protestas (supuestamente) favorecen al régimen, los de los hogares, le aplastan.

Sería muy prudente de parte de los muy apreciados luchadores democráticos de Venezuela y del mundo que estimen estos argumentos, antes de anunciar fracasos futuros si es que la gente en Venezuela no sale a la calle en los términos masivos que han visto en las heroicas escenas de otros países.  Ser un héroe no siempre es publicitado; cuidado si en principio es criticado. No descartemos la posibilidad de que tan masiva protesta se realice en algún momento, pero debemos estar concientes de que hay criminales con chapa estatal lo cual implica un gran riesgo. Además, hay una necesidad de supervivencia cuya inmediatez compite contra tal protesta. Conseguir comida o medicamentos es imperativo para la inmensa mayoría, lo cual exige tiempo en mercados y farmacias. La protesta va por dentro, aún cuando no sea vista en la calle. Los barrios y los caseríos sufre peor que las urbanizaciones, al punto de que ni protestar pueden, ya que los criminales los rodean.

Que no se pretenda evadir de este análisis a los oportunistas mediocres que siempre van a estar a la caza de un falso premio. Entre los dirigentes partidistas ya sabemos que existen estos expertos de fracasos que necesitan lavar su cobardía o traición a nuestras necesidades cuando desatendieron el llamado de “las bolas” para contraatacar abusos del régimen o para atacarle cuando la ley y la tragedia lo imponen; pero lo que por justicia no podemos criticar es al resto de los manifestantes que son los leales asistentes a las protestas, más allá de quien convoque.

Hablando de los oportunistas y vendidos al régimen, recientemente han sido “favorecidos” con ataques violentos. Hay que preguntarse si estéticamente esto los convierte en luchadores que nunca han sido.

Si alguna persona desde la lejanía quiere criticar diciendo “es que son muy pocos y por eso no va a pasar nada”, mejor que antes tome un espejo y mire la manera como se mira a si mismo, y la manera como mira la vida, porque quien está en esa protesta no está mirando otra cosa que su acción para lograr un mejor futuro, de bienestar propio, familiar y de todos los demás venezolanos. 

Bravo por todos los valientes que protestan no importando donde, ni como, ni cuantos son.

Los vecinos de Baruta en la OEA apoyando a la AN y a la Carta Democrática

Los vecinos de Baruta en la OEA apoyando a la AN y a la Carta Democrática

Ayer lunes 03 de abril, la Red de Organizaciones Vecinales del Municipio Baruta (RedOrgBaruta) de Caracas, visitó las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta misma ciudad, con el propósito de entregar un documento en apoyo a la Asamblea Nacional y en repudio contra las acciones inconstitucionales que han cometido las personas aliadas al régimen que hoy usurpan los cargos directivos en los demás Poderes Estatales.

Estos ciudadanos baruteños hacen ejercicio de los derechos y deberes que impone la Constitución Nacional y en tal sentido apoyan las acciones iniciadas por la mayoría de los países signatarios de la OEA, que respetan los aspectos considerados dentro de la Carta Interamericana Democrática, la cual obliga a los dirigentes de los gobiernos a cuidar el orden democrático en sus gestiones. 

Como ya es público y notorio, la Asamblea Nacional en acuerdo del 23 de octubre del año 2016, declaró el golpe continuado por parte del entonces Presidente de la República Nicolás Maduro, así como de los dirigentes de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, como cómplices de delitos que de manera agravada vienen rompiendo progresivamente el orden constitucional.

En este sentido, la ciudadanía exige que sea respetada su voluntad, expresada con su voto el 06 de diciembre del año 2015, como resultado de las elecciones de los Diputados a la Asamblea Nacional, toda vez que este es un Poder fundamental dentro de la estructura estatal decretada en la Constitución Nacional. Hecho por el cual, ningún otro Poder puede desconocerle sin antes caer en desacato a la Carta Magna.

Son sagrados dentro de todo orden democrático, el derecho a que los ciudadanos elijan a sus autoridades y el deber de los Poderes estatales a respetar tal derecho dentro de los plazos que legalmente se hayan establecido. Tal derecho y tal deber, no han sido respetados por quienes ocupan las rectorías en el Consejo Nacional Electoral; así como tampoco han sido respetados por quienes de manera inconstitucional ocupan cargos de magistrados en la Sala Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El pasado 09 de febrero, Nicolás Maduro Moros dejó de ejercer funciones como Presidente de la República, ello por haber sido destituido 30 días antes por la Asamblea Nacional, al declarársele culpable del incumplimiento de las responsabilidades que la Constitución Nacional le impone a su cargo. Por tal motivo se han debido efectuar elecciones presidenciales, así como las ya vencidas elecciones regionales que tuvieron que haberse efectuado en diciembre de 2016. Ambos procesos electorales han sido desconocidos por el CNE , dentro de los lapsos legales, con el silencio cómplice del Tribunal SUpremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Es materialmente evidente la falta de separación de Poderes en Venezuela.

Es por todo lo anterior que una representación de los ciudadanos del Municipio Baruta del Distrito Capital, se han pronunciado ante la OEA en busca del apoyo internacional que la sociedad civil tiene el derecho a recibir, tal como está consagrado en todas las normativas internacionales sobre derechos humanos.

Es un derecho humano protestar contra cualquier violación al orden democrático.

Cometería un crimen de lesa humanidad cualquier funcionario que ejerza acciones que coarten tal protesta o que por esta infiera penalizaciones o violencia contra la persona que ejerza pacíficamente tal derecho.

Los venezolanos deben entender que el mundo moderno no es un archipiélago de países, sino una red estrechamente conectada de naciones que impiden que queden impunes los crímenes contra la humanidad. Desde los años 90 hasta el presente, los funcionarios estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad no han podido escapar a este sistema internacional, hecho por el cual, la ciudadanía de cada país debe actuar con firmeza a los fines de que tales criminales sean justamente sentenciados.

Ser ciudadano es un deber constitucional que conlleva derechos. La democracia es un trabajo ciudadano que impone al estado el deber de cuidar los derechos de los ciudadanos. 

EDITORIAL: “Son 9 años de golpe de estado continuado”

EDITORIAL: 

“Son 9 años de golpe de estado continuado”

El orden democrático ha sido violado en Venezuela desde el año 2008, a través de un golpe de estado continuado contra la Constitución Nacional.

En los últimos 9 años viene operando un sistema de favoritismos inconstitucionales.

Entre muchos casos están la violación de la separación de poderes, mediante la ilegal composición y elección de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), todos  bajo patrones y condiciones que rompen el orden constitucional, en beneficio del control absolutista del Ejecutivo Nacional y el partido oficialista. Estos por complicidad forjaron los resultados electorales desde no menos el año 2006. No escapan  la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.  

Uno de los casos más elocuentes  de violación al orden constitucional, lo representó la sumisión de todos los poderes mencionados que permitieron la ejecución del inconstitucional Referendo del año 2009 que forzó la victoria de la reforma que “legalizaba” la elección continua e indefinida del Presidente de la República y de cualquier funcionario electo por voto popular.  Tal momento da inicio a una serie de delitos que de manera progresiva van anulando al orden democrático, hasta el punto de que la propia sucesión de Nicolás Maduro fue totalmente írrita.

El país ha sido víctima del secuestro del Estado a manos de un grupo de personas que operan para su beneficio y en grave perjuicio contra la sociedad venezolana.

La violación de los derechos judiciales, económicos y de la propiedad privada, ha creado la destrucción del sistema económico nacional, tanto como de los diversos sistemas de servicios públicos, han conllevado a la peor escasez que retrocede nuestros niveles existenciales hasta la miseria, las epidemias, la mengua sanitaria y médica que desde los años 60 habíamos logrado superar.  

En trágicas escalas similares se ha causado el abandono de la seguridad pública, hasta el punto de tener fundados indicios de la estatización de operaciones criminales. Todo lo cual ha ocasionado en los últimos 17 años, más de 300.000 muertes por violencia y enfermedades no tratadas. En mayor escala se ubica a Venezuela como uno de los países de mayor tasa de criminalidad del mundo.

Esta grave crisis es política y humanitaria.

Este grupo de personas que esconden sus delitos detrás de ideologías, usan prácticas terroristas a través del Estado con el cierre de empresas, la confiscación ilegal de propiedades, el forzamiento de falsos procesos judiciales o el secuestro de disidentes dentro de instalaciones penitenciarias estatales. Son muy largas las listas de pruebas que demuestran la ruptura del orden constitucional y de los derechos humanos en Venezuela.

Ante esta trágica situación, diferentes organismos internacionales vienen mostrando una muy alta preocupación hasta el punto de iniciar acciones que promuevan el cambio pacífico de las autoridades responsables. Tales son los casos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estado Americanos (OEA) y Mercosur, con las cuales Venezuela tiene obligaciones que la Constitución Nacional impone a los funcionarios estatales.

El pasado mes de octubre del año 2016, la Asamblea Nacional en sus acuerdos de los días 13, 23 y 25, declaró un golpe continuado por parte del Ejecutivo Nacional y demás Poderes estatales. Así mismo, reconoció la gravedad de la situación política, tal como del descalabro de la mínimas garantías de calidad del vida del venezolano; hechos por los cuales, el 9 de enero del presente año, esta institución ejerció su derecho constitucional para destituir a Nicolás Maduro Moros del cargo de Presidente de la República por el flagrante abandono de las responsabilidades del cargo. Tal hecho obliga a efectuar elecciones presidenciales 30 días después (09 de febrero). Lo cual ha sido ignoado.

Varias personas que desde el 09 de febrero perdieron la legitimidad de sus funciones, entre ellas Nicolás Maduro y demás adláteres desde el Poder Ejecutivo, han seguido cometiendo delitos, a los cuales se debe agregar el de usurpación de cargos públicos.

Es un hecho público y notorio, que la Asamblea Nacional, ha sido desconocida desde enero de 2016 por todos los demás Poderes estatales, hecho por el cual se demuestra el desacato de tales Poderes y en consecuencia su ruptura del orden constitucional, al no obedecer su mandato, sino aquel del soberano pueblo de Venezuela que eligió a sus diputados.

En paralelo con todos los eventos ya mencionados, otros países han iniciado investigaciones policiales y judiciales en contra de algunos de los más altos dirigentes del actual régimen, por sospechas fundadas de ilícitas acciones que vinculan a sus posiciones en el Estado venezolano a favor de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico y al terrorismo.

Sumando todo este cuadro de gravedades, el Embajador Luis Almagro como actual Secretario General de la OEA, promovió la revisión del caso Venezuela dentro de lo acordado en la Carta Democrática, hecho que se inició el pasado 28 de marzo, con el apoyo de 20 países de 33.

Ante esta amenaza de que la OEA aplique las sanciones establecidas por la Carta Democrática, quienes usurpan la condición de magistrados en el actual TSJ, promovieron una acción que busca anular a la Asamblea Nacional, por cuanto la misma por votación mayoritaria dio apoyo al “juicio” de la OEA. Fue entonces que desde el TSJ se dictaron de manera írrita las sentencias 155 y 156 que pretenden desconocer totalmente las acciones de la AN, transfiriendo sus poderes al TSJ y decretando oficialmente la instauración del totalitarismo a manos del destituido Nicolás Maduro. Tal delito ha sido consumado, mal que se hayan retractado.

Si bien es cierto que el orden internacional favoreció al castro-chavismo, esta no es la fuerza que hoy predomina. Este movimiento no solamente ha fracasado en Venezuela sino también en la gran mayoría de los países donde ha gobernado. Pero nunca cometió tantos crímenes como aquí. Ningún otro país cayó en la miseria y en la violencia que estatizó este malévolo grupo promovido y protegido por el narcotráfico y el terrorismo.

Los episodios que recientemente involucran al TSJ y a la Fiscalía General de la República, son apenas párrafos anecdóticos dentro del largo expediente de violaciones que vienen practicando personas con poder estatal inscritas en el PSUV.

Mientras la Fiscal General de la República acusa la ruptura del orden constitucional que ella misma protegió desde el año 2007, habiendo sido ratificada de manera “express” por la moribunda AN, en diciembre del 2015, no podemos caer en la idea de que sus acciones lleven legitimidad, menos aún cuando sus corresponsables del Consejo Moral Republicano están aferrados al destituido Nicolás Maduro.

Materialmente, no existe posibilidad de suspensión del proceso de destitución contra estas personas que encabezan al actual régimen totalitario en Venezuela. Los crímenes han sido cometidos, partiendo desde el genocidio culposo pasando por el secuestro y llegando hasta el homicidio en primer grado; sin olvidar todos los delitos contra la república y sus recursos. 

Las Fuerzas Armadas deben defender a la AN si quieren salvar algo de su ya maltratado prestigio. Las elecciones presidenciales deben ser ¡YA!

Estamos viviendo el final de la dictadura castro-chavista y quienes pretendan defender a tal grupo criminal, correrán con muy altos costos políticos y hasta judiciales. Esto no excluye a quienes arropándose con la bandera democrática, dentro de la MUD han operado en complicidad con este régimen.  

La justicia siempre llega, aunque a veces tarde.