EDITORIAL: “Son 9 años de golpe de estado continuado”

EDITORIAL: 

“Son 9 años de golpe de estado continuado”

El orden democrático ha sido violado en Venezuela desde el año 2008, a través de un golpe de estado continuado contra la Constitución Nacional.

En los últimos 9 años viene operando un sistema de favoritismos inconstitucionales.

Entre muchos casos están la violación de la separación de poderes, mediante la ilegal composición y elección de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), todos  bajo patrones y condiciones que rompen el orden constitucional, en beneficio del control absolutista del Ejecutivo Nacional y el partido oficialista. Estos por complicidad forjaron los resultados electorales desde no menos el año 2006. No escapan  la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.  

Uno de los casos más elocuentes  de violación al orden constitucional, lo representó la sumisión de todos los poderes mencionados que permitieron la ejecución del inconstitucional Referendo del año 2009 que forzó la victoria de la reforma que “legalizaba” la elección continua e indefinida del Presidente de la República y de cualquier funcionario electo por voto popular.  Tal momento da inicio a una serie de delitos que de manera progresiva van anulando al orden democrático, hasta el punto de que la propia sucesión de Nicolás Maduro fue totalmente írrita.

El país ha sido víctima del secuestro del Estado a manos de un grupo de personas que operan para su beneficio y en grave perjuicio contra la sociedad venezolana.

La violación de los derechos judiciales, económicos y de la propiedad privada, ha creado la destrucción del sistema económico nacional, tanto como de los diversos sistemas de servicios públicos, han conllevado a la peor escasez que retrocede nuestros niveles existenciales hasta la miseria, las epidemias, la mengua sanitaria y médica que desde los años 60 habíamos logrado superar.  

En trágicas escalas similares se ha causado el abandono de la seguridad pública, hasta el punto de tener fundados indicios de la estatización de operaciones criminales. Todo lo cual ha ocasionado en los últimos 17 años, más de 300.000 muertes por violencia y enfermedades no tratadas. En mayor escala se ubica a Venezuela como uno de los países de mayor tasa de criminalidad del mundo.

Esta grave crisis es política y humanitaria.

Este grupo de personas que esconden sus delitos detrás de ideologías, usan prácticas terroristas a través del Estado con el cierre de empresas, la confiscación ilegal de propiedades, el forzamiento de falsos procesos judiciales o el secuestro de disidentes dentro de instalaciones penitenciarias estatales. Son muy largas las listas de pruebas que demuestran la ruptura del orden constitucional y de los derechos humanos en Venezuela.

Ante esta trágica situación, diferentes organismos internacionales vienen mostrando una muy alta preocupación hasta el punto de iniciar acciones que promuevan el cambio pacífico de las autoridades responsables. Tales son los casos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estado Americanos (OEA) y Mercosur, con las cuales Venezuela tiene obligaciones que la Constitución Nacional impone a los funcionarios estatales.

El pasado mes de octubre del año 2016, la Asamblea Nacional en sus acuerdos de los días 13, 23 y 25, declaró un golpe continuado por parte del Ejecutivo Nacional y demás Poderes estatales. Así mismo, reconoció la gravedad de la situación política, tal como del descalabro de la mínimas garantías de calidad del vida del venezolano; hechos por los cuales, el 9 de enero del presente año, esta institución ejerció su derecho constitucional para destituir a Nicolás Maduro Moros del cargo de Presidente de la República por el flagrante abandono de las responsabilidades del cargo. Tal hecho obliga a efectuar elecciones presidenciales 30 días después (09 de febrero). Lo cual ha sido ignoado.

Varias personas que desde el 09 de febrero perdieron la legitimidad de sus funciones, entre ellas Nicolás Maduro y demás adláteres desde el Poder Ejecutivo, han seguido cometiendo delitos, a los cuales se debe agregar el de usurpación de cargos públicos.

Es un hecho público y notorio, que la Asamblea Nacional, ha sido desconocida desde enero de 2016 por todos los demás Poderes estatales, hecho por el cual se demuestra el desacato de tales Poderes y en consecuencia su ruptura del orden constitucional, al no obedecer su mandato, sino aquel del soberano pueblo de Venezuela que eligió a sus diputados.

En paralelo con todos los eventos ya mencionados, otros países han iniciado investigaciones policiales y judiciales en contra de algunos de los más altos dirigentes del actual régimen, por sospechas fundadas de ilícitas acciones que vinculan a sus posiciones en el Estado venezolano a favor de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico y al terrorismo.

Sumando todo este cuadro de gravedades, el Embajador Luis Almagro como actual Secretario General de la OEA, promovió la revisión del caso Venezuela dentro de lo acordado en la Carta Democrática, hecho que se inició el pasado 28 de marzo, con el apoyo de 20 países de 33.

Ante esta amenaza de que la OEA aplique las sanciones establecidas por la Carta Democrática, quienes usurpan la condición de magistrados en el actual TSJ, promovieron una acción que busca anular a la Asamblea Nacional, por cuanto la misma por votación mayoritaria dio apoyo al “juicio” de la OEA. Fue entonces que desde el TSJ se dictaron de manera írrita las sentencias 155 y 156 que pretenden desconocer totalmente las acciones de la AN, transfiriendo sus poderes al TSJ y decretando oficialmente la instauración del totalitarismo a manos del destituido Nicolás Maduro. Tal delito ha sido consumado, mal que se hayan retractado.

Si bien es cierto que el orden internacional favoreció al castro-chavismo, esta no es la fuerza que hoy predomina. Este movimiento no solamente ha fracasado en Venezuela sino también en la gran mayoría de los países donde ha gobernado. Pero nunca cometió tantos crímenes como aquí. Ningún otro país cayó en la miseria y en la violencia que estatizó este malévolo grupo promovido y protegido por el narcotráfico y el terrorismo.

Los episodios que recientemente involucran al TSJ y a la Fiscalía General de la República, son apenas párrafos anecdóticos dentro del largo expediente de violaciones que vienen practicando personas con poder estatal inscritas en el PSUV.

Mientras la Fiscal General de la República acusa la ruptura del orden constitucional que ella misma protegió desde el año 2007, habiendo sido ratificada de manera “express” por la moribunda AN, en diciembre del 2015, no podemos caer en la idea de que sus acciones lleven legitimidad, menos aún cuando sus corresponsables del Consejo Moral Republicano están aferrados al destituido Nicolás Maduro.

Materialmente, no existe posibilidad de suspensión del proceso de destitución contra estas personas que encabezan al actual régimen totalitario en Venezuela. Los crímenes han sido cometidos, partiendo desde el genocidio culposo pasando por el secuestro y llegando hasta el homicidio en primer grado; sin olvidar todos los delitos contra la república y sus recursos. 

Las Fuerzas Armadas deben defender a la AN si quieren salvar algo de su ya maltratado prestigio. Las elecciones presidenciales deben ser ¡YA!

Estamos viviendo el final de la dictadura castro-chavista y quienes pretendan defender a tal grupo criminal, correrán con muy altos costos políticos y hasta judiciales. Esto no excluye a quienes arropándose con la bandera democrática, dentro de la MUD han operado en complicidad con este régimen.  

La justicia siempre llega, aunque a veces tarde.