Los vecinos de Baruta en la OEA apoyando a la AN y a la Carta Democrática

Los vecinos de Baruta en la OEA apoyando a la AN y a la Carta Democrática

Ayer lunes 03 de abril, la Red de Organizaciones Vecinales del Municipio Baruta (RedOrgBaruta) de Caracas, visitó las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esta misma ciudad, con el propósito de entregar un documento en apoyo a la Asamblea Nacional y en repudio contra las acciones inconstitucionales que han cometido las personas aliadas al régimen que hoy usurpan los cargos directivos en los demás Poderes Estatales.

Estos ciudadanos baruteños hacen ejercicio de los derechos y deberes que impone la Constitución Nacional y en tal sentido apoyan las acciones iniciadas por la mayoría de los países signatarios de la OEA, que respetan los aspectos considerados dentro de la Carta Interamericana Democrática, la cual obliga a los dirigentes de los gobiernos a cuidar el orden democrático en sus gestiones. 

Como ya es público y notorio, la Asamblea Nacional en acuerdo del 23 de octubre del año 2016, declaró el golpe continuado por parte del entonces Presidente de la República Nicolás Maduro, así como de los dirigentes de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, como cómplices de delitos que de manera agravada vienen rompiendo progresivamente el orden constitucional.

En este sentido, la ciudadanía exige que sea respetada su voluntad, expresada con su voto el 06 de diciembre del año 2015, como resultado de las elecciones de los Diputados a la Asamblea Nacional, toda vez que este es un Poder fundamental dentro de la estructura estatal decretada en la Constitución Nacional. Hecho por el cual, ningún otro Poder puede desconocerle sin antes caer en desacato a la Carta Magna.

Son sagrados dentro de todo orden democrático, el derecho a que los ciudadanos elijan a sus autoridades y el deber de los Poderes estatales a respetar tal derecho dentro de los plazos que legalmente se hayan establecido. Tal derecho y tal deber, no han sido respetados por quienes ocupan las rectorías en el Consejo Nacional Electoral; así como tampoco han sido respetados por quienes de manera inconstitucional ocupan cargos de magistrados en la Sala Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El pasado 09 de febrero, Nicolás Maduro Moros dejó de ejercer funciones como Presidente de la República, ello por haber sido destituido 30 días antes por la Asamblea Nacional, al declarársele culpable del incumplimiento de las responsabilidades que la Constitución Nacional le impone a su cargo. Por tal motivo se han debido efectuar elecciones presidenciales, así como las ya vencidas elecciones regionales que tuvieron que haberse efectuado en diciembre de 2016. Ambos procesos electorales han sido desconocidos por el CNE , dentro de los lapsos legales, con el silencio cómplice del Tribunal SUpremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Es materialmente evidente la falta de separación de Poderes en Venezuela.

Es por todo lo anterior que una representación de los ciudadanos del Municipio Baruta del Distrito Capital, se han pronunciado ante la OEA en busca del apoyo internacional que la sociedad civil tiene el derecho a recibir, tal como está consagrado en todas las normativas internacionales sobre derechos humanos.

Es un derecho humano protestar contra cualquier violación al orden democrático.

Cometería un crimen de lesa humanidad cualquier funcionario que ejerza acciones que coarten tal protesta o que por esta infiera penalizaciones o violencia contra la persona que ejerza pacíficamente tal derecho.

Los venezolanos deben entender que el mundo moderno no es un archipiélago de países, sino una red estrechamente conectada de naciones que impiden que queden impunes los crímenes contra la humanidad. Desde los años 90 hasta el presente, los funcionarios estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad no han podido escapar a este sistema internacional, hecho por el cual, la ciudadanía de cada país debe actuar con firmeza a los fines de que tales criminales sean justamente sentenciados.

Ser ciudadano es un deber constitucional que conlleva derechos. La democracia es un trabajo ciudadano que impone al estado el deber de cuidar los derechos de los ciudadanos.