"NI DEMOCRACIA, NI ESTADO DE DERECHO" Por Carlos Canache Mata

"NI DEMOCRACIA, NI ESTADO DE DERECHO" Por Carlos Canache Mata

   Así como es fundamental, para que exista la democracia política, que la voluntad del Estado se forme por la voluntad del pueblo expresada a través del sufragio, también es esencial, para que exista el Estado de Derecho, que se haga efectivo el principio de la separación de poderes. Sólo así, como lo exigía Montesquieu, se logra que “el poder detenga al poder” y se asegura la vigencia de la libertad. Por eso, el principio de la separación de poderes pasó de la teoría jurídica al derecho constitucional positivo.

   En Venezuela, bajo los gobiernos autocráticos de Chávez y Maduro, la división en cinco ramas del Poder Público Nacional  prevista en el artículo 136 de la Constitución de 1999, ha sido una ficción. Los órganos que ejercen la titularidad nominal de las funciones correspondientes a los poderes legislativo, judicial, Ciudadano y Electoral, están realmente subordinados a las órdenes que les imparte el Poder Ejecutivo. Prueba de ello es que la Asamblea Nacional haya aprobado 20 leyes que cercenan la libertad de expresión mediante restricciones y control de los medios de comunicación y que haya obedecido la instrucción gubernamental de despojar inconstitucionalmente a María Corina Machado de su investidura de diputada; que unos tribunales hayan acatado la decisión del gobierno de mantener arbitrariamente presos a Leopoldo López y el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma; que también por vía judicial se le haya impedido a Teodoro Petkoff viajar a Madrid para recibir el Premio de Periodismo Ortega y Gasset 2015 (en su nombre, lo recibió el gran líder Felipe González);  que una juez de juicio haya impuesto un régimen de prohibición de salida del país y presentación semanal a 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla; que el Ministerio Público se cruce de brazos ante la violación de los derechos humanos y el desbordamiento de la corrupción; y que, en fin, el CNE patrocine fraudes para poner a ganar al gobierno y todavía espera órdenes de éste para fijar la fecha de las elecciones parlamentarias de este año.

   Si esa es la realidad que vivimos, confirmada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al declarar en su último Informe Anual que en Venezuela es una amenaza “la falta de contrapesos institucionales”, llama la atención que la OEA no aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que dispone que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, procede la convocatoria del Consejo Permanente  para analizar la situación “y adoptar las decisiones que estime convenientes”. Si las gestiones diplomáticas del Consejo para restablecer la normalidad institucional son infructuosas, se debe convocar la Asamblea General, la cual, según el artículo 21 de la CDI, “tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”.

   ¿Por qué no se le ha puesto el cascabel al gato?.