LO QUE HAY QUE HACER Por Carlos Canache Mata

LO QUE HAY QUE HACER 

Por Carlos Canache Mata

   Estamos en presencia de un gobierno que agoniza, en espera de su obituario. Es un gobierno que no tiene voz propia, los ventrílocuos están en Cuba. Cumpliendo las instrucciones que se le imparte a distancia, ordenó a la Sala Constitucional del TSJ que, poniéndose “rodilla en tierra”, dictara el 21 de este mes una sentencia contentiva de siete nuevas limitaciones a la Asamblea Nacional, entre otras, la prohibición de poder sesionar sin previa convocatoria con 48 horas de anticipación, la prohibición de poder modificar el orden del día de sus sesiones, y, el colmo, la prohibición de aprobar leyes sin el previo informe favorable del Poder Ejecutivo sobre la viabilidad económica de tales leyes. Sólo falta que se envíe a la Guardia Nacional a poner candados en las puertas y rejas del Capitolio.

   Al insólito atropello institucional, se suma la amenaza de un  “colapso total del sistema económico”, como lo acaba de advertir un alto vocero del Fondo Monetario Internacional. Para resumir, en pocas palabras, hasta dónde llega el fracaso gubernamental de Maduro, bastaría con recordar que, apenas en los últimos tres años, la pobreza ha crecido del  23% al 73% de los hogares venezolanos, según el estudio conjunto realizado por la UCV, la UCAB y la Universidad Simón Bolívar.

   Ante ese sombrío panorama, me preguntaba ¿qué hacer? en el artículo de la semana pasada, y ahora paso a la respuesta que prometí dar hoy.

   La oposición democrática debe persistir en transitar los caminos anunciados para cambiar a Maduro y el régimen que lo sustenta, habiéndose dado preferencia, de momento, al referendo revocatorio y la enmienda constitucional. Pero, si la Sala Constitucional y el CNE, al alimón, siguen obstaculizando con sus trácalas esos mecanismos para que el pueblo exprese su voluntad este mismo año, si se cierran esas vías de escape, entonces, in extremis hay que recurrir a los mecanismos, también constitucionales, previstos en los artículos 333 y 350 que nos obligan y mandan a “colaborar en el restablecimiento” de la efectiva vigencia de la Carta Magna y a “desconocer” cualquier autoridad “que contraríe los valores, principios y garantías democráticos  o menoscabe los derechos humanos”. Es decir, la presencia  masiva y rotunda del pueblo en la calle presionaría, de manera incontenible, la renuncia presidencial y la convocatoria, según el artículo 233 de la Constitución, a nuevas elecciones dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Ese derecho de resistencia (ius resistendi) a la opresión es lo que Maurice Hauriou llamó el “ultimum remedium”. El 11 de abril de 2002  una inmensa marcha popular condujo a la renuncia de Chávez, “la cual aceptó”, que no firmó, por el error de no haberse aceptado su exigencia de irse a Cuba.

   Así restituiríamos la democracia, con su división de poderes, y los nuevos enterradores de Montesquieu tendrían que responder ante la justicia nacional e internacional.