¿SON RESCATABLES LAS DIVISAS SAQUEADAS AL PAÍS? Por Carlos Canache Mata

¿SON RESCATABLES LAS DIVISAS SAQUEADAS AL PAÍS? 

Por Carlos Canache Mata

En el discurso que pronunció en el Congreso Nacional el 13 de febrero de 1959, al asumir la Presidencia de la República, Rómulo Betancourt recordó la frase de Martí  de que “hay que poner de moda la honradez” y que el Libertador Simón Bolívar le sugirió al Congreso del Perú que dictara “penas terribles contra los agentes del Tesoro que contribuyan a defraudar las rentas públicas”.

En su libro “Rómulo Betancourt y la siembra del petróleo”, Gumersindo Rodríguez hace estimaciones del costo social, en el corto y mediano y largo plazo, que representa la corrupción en el sector público como factor “de dilapidación de los recursos soberanamente rescatados de las transnacionales del petróleo”.

Rómulo Betancourt sostuvo la tesis de que no sólo deben sancionarse los que atentan contra el patrimonio público, sino que también los recursos financieros mal habidos o usurpados podían y debían ser devueltos al país perjudicado, “en cualquier lugar donde se encuentren”. Consecuente con esa prédica, el 23 de septiembre de 1963, ante el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, celebrado en Caracas, se expresó en los siguientes términos: “Convencido nuestro gobierno de que este problema de la erradicación del peculado tiene dimensión universal, se propone presentar en fecha próxima a la consideración y debate de las Naciones Unidas un proyecto de convención multilateral…relativo a las medidas que deben tomarse en el plano internacional contra las personas que en el ejercicio de las actividades públicas se hagan culpables de enriquecimiento ilícito. Al ser aprobada esa convención y al implementarse con medidas prácticas, podrán rescatarse por las naciones los bienes mal habidos de ex-gobernantes suyos incursos en el delito de peculado, cualquiera que sea el país adonde hayan transferido esos bienes, amasados mediante la concusión y el abuso de poder”.

Ignoro si ese proyecto de convención llegó a ser presentado a la consideración de las Naciones Unidas, pero, en todo caso, se puede leer en Internet que existe una “Convención de Naciones Unidas contra la corrupción”, fechada en Nueva York el 31-10-2003, que entró en vigor de forma general el 14-12-2005; y que la OEA, por su parte, aprobó en 1996 una “Convención Interamericana  contra la corrupción”, que entró en vigor el 3 de junio de 1997. Ojalá esos instrumentos sean útiles para recuperar las divisas saqueadas a Venezuela durante estos 16 años del régimen chavista, ahora depositadas en los paraísos fiscales que han sido denunciados nacional e internacionalmente. Pero el problema es que cuando son personeros o amigos del gobierno los protagonistas de las tropelías, desde el Estado no se promueve ninguna acción de rescate de los recursos saqueados y, por el contrario se tiende la alfombra a los acusados para que reine la impunidad.

Sin ese saqueo, hubiera sido más llevadera la crisis que se ha profundizado por la caída de los precios del petróleo.