Armando
Martini Pietri:
"Gutiérrez no quiere Ramos, sólo flores maduras"
"Gutiérrez no quiere Ramos, sólo flores maduras"
“Qué poco dura la
dicha en la casa del pobre” se lamenta el refranero popular. Cuando parecía que
todo iba en calma y la cordura se imponía, de repente la Sala Constitucional sorprende
para alborotar lo que estaba tranquilo. La provocación del Tribunal Supremo de
Justicia con la sentencia que da vigencia al Decreto de Emergencia Económica
presentado por el Presidente Nicolás Maduro, a pesar de haber sido negado por
la Asamblea Nacional, es sin duda un desafío, un reto institucional y político
de riesgosas e incalculables consecuencias. El dictamen puede calificarse
como lo más delicado y comprometido que haya emitido el máximo tribunal.
La Sala
Constitucional, en un fallo largo, complejo, lleno de citas, repleto de
jurisprudencia y muchos otros etcéteras, hace engorroso para la gran
mayoría de los ciudadanos comprender el alcance de la decisión. Sin pretender
de jurisconsulto –que no soy- trataré de aclarar el asunto.
Según el criterio de
la Sala, la vigilancia y control que ejerce la Asamblea Nacional es simplemente
político, y en consecuencia, no afecta la legitimidad, validez, vigencia y
eficacia del Decreto. Para decirlo en lenguaje llano, sencillo: para la
Sala Constitucional, la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el
Decreto es jurídicamente irrelevante. Es decir no tiene ni reviste mayor
importancia. Como consecuencia de lo anterior el Presidente de la
República podrá dictar y promulgar cualquiera de las medidas que contiene
el Decreto negado por 109 diputados. Y para remachar, la sentencia pretende
incluso imposibilitar a la Asamblea el control posterior. Lo que en
palabras más o menos, y ruego perdonen la expresión, “se jodió esta vaina, así
de simple”.
La sentencia que un
sinnúmero de expertos y no conocedores tachan de trucada, pre
elaborada, pero por sobre todo que viola el Estado de Derecho y el
Sistema de Justicia, hacía predecible y lógico
suponer que el oficialismo utilice el control que posee en la Sala
Constitucional que, abusando y extralimitándose en sus funciones, anularía las
decisiones del Parlamento que resulten inconvenientes y contradictorias al
gobierno revolucionario. Lo que llama la atención –al menos a quien suscribe-
es que de los sesenta días de vigencia ya han transcurrido casi treinta,
quedando el presidente sólo con un mes para adoptar las medidas o solicitar una
prórroga de sesenta días adicionales. O quizás el gobierno solo quiso
demostrarle a la oposición y a la mayoría de la Asamblea Nacional hasta donde
están dispuestos a ceder y marcó territorio. Es decir: sepan que lo que no me
guste o no me dé la gana que pase, no pasará.
Pues bien, se ha
plasmado y consumado la duda. La representación política y popular que ejerce
la Asamblea Nacional no genera efecto jurídico alguno, según la descarada
jurisprudencia progubernamental de la Sala Constitucional, lo cual corresponde,
ni más ni menos, a desconocer el Poder Legislativo, y con ello, a la propia
esencia democrática. El dictamen, además, reivindica la tesis según la cual la
sala está por encima de cualquier poder en su condición de intérprete único de
la Constitución. Por derivación, sus votos quieren valer más que los votos de
la mayoría democrática representada en la casa del pueblo, lo más genuino y
representativo de la población venezolana.
A la Asamblea
Nacional, le quedan algunas opciones. Una de ellas declararse en
rebeldía, que no lo hará. Otra denunciar mediante un acuerdo y solicitar se aplique la Carta Interamericana, que
lo hará, pero sólo será un mero trámite, quedará en visitas y declaraciones
como muchas otras denuncias. Seguir legislando a sabiendas de que cualquier
decisión perturbadora al régimen será anulada y eso precisamente es lo que hará
el Gobierno. Otras posibilidades como el revocatorio, la constituyente y la
enmienda están en la fase de estudio. Y una alternativa remota, porque es
evidente que hasta ahora no existe consenso, es la antigua denuncia sobre la
nacionalidad de Maduro, pues de llegarse a comprobar que no es de origen
venezolano, la destitución seria inmediata. Es lo muy poco que hay. En la
oposición representada en la MUD no hay voluntad política ni interés ni planes
distintos que no sea la salida constitucional y electoral, que podrá ser criticada
por numerosos políticos o no como inviable y a juicio de muchos otros de
ilusoria.
Ahora bien, expresado
lo anterior, hay que preguntarse ¿qué espera la ciudadanía de los diputados
opositores? Es innegable que las declaraciones del presidente de la Asamblea
Nacional, Henry Ramos Allup, son impecables, mordaces, picantes, irónicas,
satíricas, de alertas y denuncias y en algún momento hasta amenazantes. Tampoco
se reservó muchos calificativos al hacer referencia al Tribunal y sus miembros.
Muy bien, felicitaciones Ramos Allup, pero entonces ¿qué hacemos, cómo
seguimos, qué mensaje nos da, que sucederá con las demás leyes como la de
amnistía, por ejemplo, cuando sean declaradas inconstitucionales, seguiremos
con nuestros presos a cuestas, la impunidad continuará a la espera de qué,
cuándo será suficiente?
Si la estrategia de
la MUD es concebir leyes para que luego el oficialismo las invalide con
cualquier subterfugio legal, en la espera del deterioro nacional que seguirá
profundizándose hasta que llegue el límite de tolerancia, hambre o necesidad,
díganlo por favor para que los ciudadanos estemos claros en qué debemos hacer y
qué esperar. En lo que no se puede continuar y resulta por demás injusto, es
que a pesar de los males que nos atormentan se agregue la incertidumbre
institucional e incluso constitucional.
Es menester
reiterarles e importante recordarles que sin el concurso de las mayorías
ciudadanas no podrán acometer ningún propósito. Así pues, actuar con la verdad
como norma debe ser siempre el norte de sus decisiones. De lo contrario con el
engaño y la mentira corren el inequívoco riesgo de ser abandonados y excluidos.
Y quien sabe, hasta
podrían confundirse con maduristas de oposición.
@ArmandoMartini
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