"UNA NECESIDAD
NACIONAL"
Carlos Canache Mata
Pasó el carnaval, pero siguen los disfraces.
Estos aprendices de dictadores que acampan en el poder desde hace 17 años esconden sus fracasos y debilidades
tras la fachada de desplantes
bravucones.
Maduro ha abierto aspilleras en las paredes
de Miraflores para disparar insultos y amenazas contra adversarios reales o
imaginarios. El pasado 4 de febrero, en el acto conmemorativo de la intentona golpista de Chávez, dijo que
la AN “es una Asamblea pirata” y que no permitirá que los enemigos del pueblo
lleguen al poder “ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las
malas”. En el mismo acto, agredió groseramente al empresario Lorenzo Mendoza (¿desconoce
que sin la Polar la escasez alimentaria sería más dramática?) y, como si fuera
un boxeador desesperado y no el ocupante de Miraflores, lo desafió así: “aquí
te espero, traidor, da la cara, oligarca, bandido, ladrón”. ¿Merece permanecer
en la silla presidencial quien así habla?.
A los ojos del mundo está claro que la clave
de la barbarie imperante reposa en la alianza que existe entre el Gobierno y el
TSJ. Ante esa realidad ¿qué hacer? .
La AN puede modificar la integración del TSJ
si ejerce su potestad de autotutela
revocando la designación de los 13 magistrados principales y 21
suplentes que hizo el 23 de diciembre de 2015 la anterior AN, en fraude a los
requisitos constitucionales y violando el procedimiento legal correspondiente.
Esa designación fue un acto administrativo, no legislativo, y, como tal,
revocable. Hay más: el artículo 90 del Reglamento Interior y de Debates de la
AN (que tiene rango legal) faculta al Parlamento para revocar sus propias
decisiones o actos viciados. Creo que, para lograr un TSJ decente, esta vía (ya
utilizada por la AN chavista en dos oportunidades y con el aval de la Sala
Constitucional del TSJ) es preferible a la de modificar la Ley del TSJ para
aumentar el número de sus magistrados.
Es este TSJ el que decidió la suspensión de
los efectos de la proclamación de los diputados del Estado Amazonas,
contrariando su propia doctrina de que “la proclamación de un candidato en un
determinado cargo, no puede ser suspendida o controlada a través de una acción
de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende”. Con toda
razón, el Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados de todo el
país, ha dicho sobre esa desproclamación que “era obvio entender que mucho
menos sería procedente en forma subsidiaria en una acción de nulidad y ello
constituye un error grave e inexcusable” y, lo que es igualmente inaceptable,
que se sustente en una grabación ilícita violatoria del artículo 48 de la
Constitución, “al transformar un delito en una prueba”.
La crisis institucional y la crisis económico-financiera que nos
tiene al borde de la cesación de pagos de la deuda externa motivarán a la MUD para acelerar la selección
de la vía constitucional que se seguirá para salir de Maduro. Esto último es
una necesidad nacional.
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