EL CELESTINAJE JUDICIAL
Carlos Canache Mata
La utilización perversa del poder judicial,
poniéndolo al servicio de la conveniencia política, es una de las
características de las dictaduras (abiertas o disfrazadas) y de los
totalitarismos. Se entierra así la separación de los poderes públicos (y nuevamente
a Montesquieu), uno de los pilares del Estado de Derecho. Si esa separación
desaparece, desaparece también el Estado de Derecho.
En las dictaduras, los jueces se postran
ante el poder por servilismo o por miedo, especialmente en los sistemas presidencialistas.
En los regímenes totalitarios, los jueces quedan atrapados en la hegemonía
establecida sobre todos los poderes de
la sociedad. En la Alemania nazi, por ejemplo, el jefe jurídico del Reich, el
doctor Hans Frank, le decía a los jueces que, al adoptar sus decisiones, se
preguntaran: “¿Es compatible esta decisión con la conciencia nacionalsocialista
del pueblo alemán?”. Hitler nunca derogó formalmente la Constitución de la
República de Weimar, sino que basándose supuestamente en ella decretó miles de
leyes que se fundamentaban en el Decreto-ley de Protección del Pueblo y del
Estado, que, aplicando el artículo 48 constitucional, firmó el temeroso presidente
Hindenburg. Hitler tampoco cerró al Reichstag (el Parlamento) sino que éste,
tras el incendio provocado para que sirviera de pretexto a la represión, aprobó
sumisamente la Ley de Plenos Poderes (24 de marzo de 1933) que delegaba sus
funciones legislativas al Gobierno nazi. Como esta Ley, que implicaba una
modificación constitucional, sólo podía ser sancionada con la votación
calificada de los dos tercios de los diputados, se recurrió, para lograrla, al
arresto de varios diputados de la oposición. En la Alemania del Tercer Reich,
como estado totalitario, imperaba el principio del mando único.
Guardando
las distancias, el gobierno que encabeza Nicolás Maduro también se está
valiendo del Poder Judicial para “legitimar” sus felonías y para que la Asamblea Nacional, sin cerrarla,
se convierta en un órgano anodino, inocuo, soso. El Colegio de Abogados de
Caracas, en documento de fecha 24-02-16, denuncia que las Salas Constitucional
y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con decisiones recientes,
“pretenden imponer una camisa de fuerza e inclusive desactivar
anticonstitucionalmente las principales atribuciones jurídicas del Poder
Legislativo Nacional”. Cita al respecto la declaratoria de vigencia del Decreto
de Emergencia Económica improbado por la Asamblea Nacional, “consagrando de
hecho un gobierno judicial del país”, y la suspensión cautelar de la
proclamación de los diputados electos por el pueblo del Estado Amazonas que
evidencia “un fraude constitucional, ya que se ha usado un procedimiento
judicial electoral como excusa para obtener en forma antijurídica una
afectación al quórum de la Asamblea Nacional” (no se llegó al extremo
hitleriano, arriba señalado, de arrestar a los diputados).
El comunicado de los abogados recomienda la
“revisión” del TSJ, mediante los mecanismos constitucionales pertinentes, para
no caer en “la peor pesadilla de los estudiosos del Derecho Constitucional: un
gobierno de jueces constitucionales, no elegidos por el pueblo y sin ninguna
fórmula de control sobre ellos”.
Por sus alcahueterías, también existe el
celestinaje judicial.
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