"País en destrucción" Por Armando Martini Pietri

"País en destrucción" 

Por Armando Martini Pietri 

Ya ni siquiera los entusiastas más ciegos y sordos -pero nunca mudos- lo dudan. Esto se acabó. Lo destruyeron. Dejó de respirar. Murió y ya no importa cuánto auxilio quieran aplicarle Maduro e Istúriz, diferentes en estilos pero coincidentes en mentiras. No interesa cuántos mazazos meta Diosdado, empeñado testarudo y casi enfermizo en presentarse como hombre de las cavernas, sabrá Dios por qué.

Pero eso no es lo peor. Regímenes dictatoriales y otros fanatismos suelen terminar y a veces resurgir. Murió Perón y años después aparecieron los Kirchner. El nazismo fué barrido a cañonazos, aplastado con tanques, pulverizado con bombas, su líder se pegó un tiro y años después hay quienes se rapan la cabeza y se marcan en la piel esvásticas y otras repugnancias nazis. Por allí andan matando gente asesinos islámicos –ISIS- al mejor estilo SS y diversos tiranos sin conciencia ni moral, lobos feroces de sus pueblos. A los japoneses les lanzaron bomba atómica después de haber hundido lo mejor de su flota, era una población esclava del fanatismo militar y sus civiles la transformaron en una potencia industrial y tecnológica.

                                                                                                          

El madurismo agoniza, está en sus estertores, nunca supo aplicar el chavismo que exigía mejores personas, más inteligentes, más capacitadas, más integras, decentes y morales. Vendrán tiempos mejores y en los remanentes del chavismo uno percibe nueva gente, la generación de relevo unos más extremistas, otros más demócratas, pero más jóvenes, actuales y mejores.

El chavismo podrá regresar, ¿quién sabe?, sea en el PSUV, sea en otro partido, sea en diversos grupos, movimientos y tendencias. El chavismo como pensamiento no ha muerto, está vivo, ha sido también, como muchos, como la economía, como la producción, como las ilusiones populares, víctima del tropical encandilamiento de fanáticos, ilusionistas codiciosos repletos de oscurantismo. Por esa vía, no habrá diferente chavismo sino por la de un movimiento coherente y moderno que volverá a través de hombres y mujeres responsables y estudiosos.

Entretanto, el madurismo cuyo único logro ha sido unirnos a todos en el nerviosismo, la frustración, el fracaso, la escasez y las ruinas de una economía que nunca fue la más destacada del mundo pero que en sus peores expresiones era mejor, agoniza.

La Venezuela actual abatida, humillada por años de impericia, atraso y depredación, nos la han dejado sumergida en una crisis total, política, social, económica,  institucional y la más grave de todas, la crisis de valores y principios éticos morales. Y algo terrible, según explican algunos sociólogos: un pueblo exhausto, empobrecido y victimizado por la desesperación del desabastecimiento, ni siquiera tiene tiempo para levantarse, todo su empeño  y esfuerzo lo dedica a la cada día más ardua tarea de sobrevivir, de recorrer farmacias y mercados, para hacer colas, tratar de conseguir alimentos y medicinas. Parece ficción. Reconocerlo asusta pero es una verdad inocultable.

La crisis política comenzó hace tiempo y fue fortaleciéndose pacto a pacto –derrota en derrota, reinicio a reinicio- concretándose y acentuándose hasta el triunfo de la oposición unida en su desunión en la Asamblea Nacional. Generaron esperanzas, anudaron sus diferencias y mostraron que, unida, la oposición es la fuerza de la esperanza. La única, en realidad.

El madurismo dirigente, es principal responsable del desastre, y el chavismo popular de base, su primera víctima, aun no logran a dos meses y algo de la derrota electoral comprender con exactitud qué ha sucedido y por qué sucedió. Están desorientados, la cúpula desconcertada por un comando con adjetivos militares y analfabetismos políticos continúa encapsulada en un estado de negación obcecada que a nada puede llevarlos aunque tuvieran la mayoría y la fe popular que perdieron por su propia estulticia.

Intoxicados de poder y petulancia, se acostumbraron a no tener contrapeso que hoy no reconocen ni aceptan, de hecho no razonan, que no sólo ya no son los únicos sino que además tienen enfrente a otros con sobrada fuerza para atemorizarlos. Y gritan aterrados en la oscuridad. Aún peor, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia alimenta erradamente esa creencia, no permite que el PSUV y el Ejecutivo sientan el rigor de la mayoría. Tal vez sea que tienen el mismo miedo, o quizás más.

Sin embargo peligroso y agravante es que la MUD aun no finaliza de ejercer la mayoría, dando la impresión que aun son minoría, y cuando el duro veterano presidente de la Asamblea actúa y decide como mayoría, la impone dando señales claras de ello, algunos de sus compañeros lo contradicen, se asustan y peor aún, se disculpan. Al final no saben si solicitar perdón o suplicar permiso, dando al traste con el inmenso esfuerzo que realiza Ramos Allup y otros para preservar la autonomía del Poder Legislativo.

La salida deseada por los ciudadanos es democrática. El artículo 350 incluido, al menos en la Constitución. Tenemos esa conciencia hondamente sembrada, y las encuestas así lo indican sin dejar posibilidad para la duda o interpretación. Por eso, aunque estemos contra la pared y nos traten de distraer con planes fantasiosos, reclamamos.

El país bolivariano se desborda en conflictos, huelgas, protestas y paros de toda índole. Esto tampoco es tan nuevo, la aprensión de la cúpula madurista que trata de mandar y se aferra al poder, y el principio del ejercicio democrático por la ciudadanía venezolana, nacieron y se fortalecieron en la calle. Cuando no es por agua, es por basura, o la falta de luz, la inseguridad, la falta de medicinas y ni hablar de la escasez de alimentos falta de todo, no hay leche, café ni azúcar, ahora ni pan, las madres hacen trueque con la fórmula para lactantes, todo un desastre que produce molestia, rabia e impotencia. Ingredientes que al mezclarse son muy peligrosos. Y por si fuera poco, los sinvergüenzas, cínicos y desalmados especuladores y bachaqueros están haciendo de las suyas, acaban con el presupuesto familiar en un brutal abuso, una verdadera estafa ante un gobierno indefenso, paralizado, sin autoridad, sin acción ni brío para decidir, que sobrevive en el país de la fantasía, régimen de cruenta comiquita.

La nación se deshace, se pierde, lo percibimos todos menos quienes tienen la obligación de salvarlo o al menos ser sinceros y declararse inútiles para solventar la crisis porque en muy poco tiempo y en lo adelante será de tal profundidad que ya no serán incompetentes sino irresponsables. En lo hondo de sus miedos y profundo de su corazón saben que llegó la hora de irse, aunque para muchos no hay refugio más allá, la justicia y leyes de estos tiempos modernos tienen brazos largos además de memoria constantemente documentada. 

Lo que se distingue y visualiza, es sombrío, nubarrones, cielo pesado lleno de tormentas y vientos huracanados; si continúan con lo único que tienen, la displicencia, ignorancia y estupidez con las cuales desgobiernan hoy, no hay que ser adivino ni gran analista para predecir un catastrófico conflicto social que enfrentará a los venezolanos como nunca antes sucedió. Viviremos el infierno. A nadie le gusta. Pero si no lo evitamos, sucederá.

Los ciudadanos no entendemos qué tanto les cuesta a los dirigentes tomar una decisión.  El gobierno tiene meses corriendo arrugas en esta crisis que sigue y empeora, el Presidente que exigió a gritos la aprobación del decreto de emergencia económica, ahora lo usa para vaguedades e imprecisiones pero no para soluciones realistas. La oposición por su parte se montó en el descontento generalizado y logró mayoría clara, contundente, imposible de cuestionar y menos  desconocer 112 diputados no obstante, de acuerdo a estudios de opinión, están defraudando, no parecen estar a la altura, siguen deshojando margaritas que se les marchitan en las manos, continúan en sus peleas internas como niños tontos, malcriados y caprichosos, mientras el oficialismo –hay que advertirlo- sabe aprovecharse de las debilidades rivales.

El país está en destrucción, se nos desmorona entre los dedos.

@ArmandoMartini

"SUBDESARROLLO" Por Rafael Grooscors Caballero

"SUBDESARROLLO"

Por Rafael Grooscors Caballero

         La decisión de “activar” el motor de la minería, para dejar de depender del petróleo, dado sus bajos precios en el mercado internacional y pasar al brillo y relumbre del oro y los diamantes, no sólo es un mentís de quienes dicen trabajar para librar a Venezuela del “rentismo” (Maduro y Aristóbulo, dixit), sino una flagrante demostración de cómo es que no podemos dejar de pensar sin tener el subdesarrollo como modelo para guiar nuestras ideas. Modelo, por lo demás, impuesto por una cultura dominante (¿sub-cultura?), la cual nos arrastra, miserablemente, desde la colonia. Somos gente de segunda; dependientes. Somos periféricos. Incapaces de concebirnos como centro del mundo, estamos siempre prestos  a producir ayudas a las grandes corporaciones que controlan el comercio y los mercados mundiales. Materias primas, minerales, para su transformación exógena. Primero, petróleo; ahora, oro, diamantes, grafito, coltán. En lo primero –petróleo--  nunca pensamos en la utilización estratégica del Golfo de Venezuela (Lago de Maracaibo) en función de su ubicación en el Mar Caribe, sección Atlántica y a pocos kilómetros de distancia del Océano Pacífico, vínculos de los demás Continentes del orbe. Nunca pensamos en la transformación de los crudos y en la investigación e innovación en los procesos para lograrlo, con la vista puesta en la inmensidad de productos petroquímicos derivados y en sus incuantificables variables para un mundo en constante renovación. En lo segundo –el oro, los diamantes, los metales raros—probablemente nos quedaremos en la fascinación de los aventureros del descubrimiento, enceguecidos por la leyenda de “El Dorado”.   

         Nada de extraño tiene que, a pesar de que somos una de las más grandes reservas de agua del mundo, tengamos una economía primaria sometida a las rigideces de un medio ambiente “seco” y a una población sedienta, a la cual ahora se le dice cómo  tiene que hacer para ahorrar el líquido vital. Que la fuerza de las aguas que riegan al Orinoco, no sea tampoco suficiente ni siquiera para garantizar el nivel de reservas del Guri, para mantener, preferiblemente, en producción creciente, a las empresas básicas de Guayana, igualmente amenazadas de perecer por la incapacidad gerencial de los funcionarios públicos correspondientes. ¿Qué decir de nuestra agricultura; de nuestra ganadería; de nuestra piscicultura? Somos dependientes; por eso importamos lo que tenemos que comer para vivir.

         Más que “sacar” a Maduro y sustituir a su errático gobierno, lo que tenemos que hacer es aprender a pensar y enseñar, asimismo, a nuestros coterráneos, a concebir la posibilidad de cambiar el modelo y esforzarnos todos para convertirnos en un país desarrollado. En poner a Venezuela a convivir en el “Primer Mundo” y dejar atrás la insolencia ideológica del “tercero”, percibido como “propio” por nuestras mentes subdesarrolladas, en el entendido de que nos sobran condiciones para aspirar a este cambio, sustancial e histórico, mucho más ejemplarizante, si se quiere, que todas las demás “gestas” que nos han hecho famosos en nuestro medio. Somos muchos los que hemos puesto a debate público, las ideas de las autonomías productivas de los estados y de la organización de una Democracia Parlamentaria, en reemplazo del agotado presidencialismo centralista. Así se gobierna en el Primer Mundo. La necesidad de llevar a la práctica estas ideas, debería ser la obligación primaria del pensamiento dirigente de nuestra sociedad, de los líderes políticos, de los aspirantes al control del Poder, distraídos en la inmediatez.

         Dejar que nos digan, sin respuesta indignada, que ahora vamos a tranzar oro y diamantes para pagar las importaciones que requerimos para vivir, que desde hace cien años pagábamos con petróleo, es convencernos de que todos somos unos irresponsables, víctimas de una cultura de segundos, o de terceros, en fila, la cual tenemos que erradicar de nuestra conducta. Pasemos a ser venezolanos de verdad. Rompamos el modelo. Reorganicemos nuestro orden político territorial y metámonos en la cabeza de que somos suficientemente capaces de producir, dentro de nuestras fronteras, para consumir, satisfacernos y exportar, compitiendo con los grandes del mundo, a quienes también podremos vencer. Decidámonos a hacerlo. No podemos seguir, con los brazos cruzados, sin mensaje y sin aliento, viendo el derrumbe de nuestro solar, como vecinos ausentes de un barrizal. Cambiemos el discurso. No nos sigamos engañando. Los que nos leen, saben a qué nos estamos refiriendo. Seguir estimulando “el pobre pensamiento de los pobres”, como fuerza definitiva para que contribuyan a nuestra “peligrosa” victoria, con votos, si no con balas, es una misión perversa que debemos abandonar. Hablemos claro. La democracia tiene que ser para crecer, para cambiar, para desarrollar y engrandecer a nuestra sociedad. Para dejar el subdesarrollo y entrar, de lleno, a un estadio superior en el Primer Mundo. En resumen, al conjugar las vías para superar la catástrofe nacional a la que nos ha llevado el mal gobierno que padecemos,  tengamos muy en cuenta que no podemos seguir probando con sistemas atrasados e ineficientes. Pensemos en un régimen mucho más democrático y avanzado, en función del presente inmediato y del próximo futuro, a cuyas puertas estamos. Un régimen más representativo de la voluntad popular y de  la soberanía nacional, mejor dispuesto para el desarrollo que merecemos. Pensemos en un orden fundamentado en la Autonomía Productiva de los Estados, dentro de un sistema de Democracia Parlamentaria. Pensemos y actuemos.

grooscors81@gmail.com.  

EL JUICIO POLÍTICO Y LA DECLARATORIA DE ABANDONO DEL CARGO EN VENEZUELA

EL JUICIO POLÍTICO Y  LA DECLARATORIA DE ABANDONO DEL CARGO EN VENEZUELA

Febrero 2016

Por: Alejandro González Valenzuela.

Aun cuando es una obviedad, resulta obligante comenzar señalando que Venezuela atraviesa la más profunda crisis de su historia contemporánea, la cual, por afectar a casi todos los ámbitos del Estado, del gobierno, y de la sociedad, puede ser calificada, sin lugar a dudas, como una crisis sistémica y terminal, que amenaza con un colapso inminente. En este contexto, sectores políticos han venido planteando distintas iniciativas constitucionales tendentes a acortar el mandato del Presidente de la República (enmienda) o a interrumpirlo (asamblea constituyente, renuncia, referendo revocatorio, y, recientemente, declaratoria de abandono del cargo), como punto de partida para revertir la crisis precitada.

El juicio político con miras a la declaratoria de abandono del cargo, es una categoría jurídica poco conocida en el constitucionalismo venezolano, pero, de gran desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial en el constitucionalismo latinoamericano, a los cuales, apelaremos para precisar la naturaleza y alcance de esta institución en Venezuela.

1.- Juicio político y abandono del cargo.-

La Constitución de 1.999, establece dos mecanismos para la defenestración de aquellos funcionarios públicos de mayor jerarquía del Ejecutivo Nacional, que evidencien inidoneidad en el desempeño de sus funciones, a saber: moción de censura al Vicepresidente y ministros, que comporta su remoción del cargo (artículos 187.10, 240 y 246); y juicio político al Presidente de la República, que comporta la declaratoria de abandono del cargo como causal de falta absoluta (artículo 233).

De manera general puede afirmarse que el abandono del cargo es la situación jurídica que se produce cuando el Presidente de la República incumple los mandatos constitucionales que conforman su ámbito competencial, ya por abuso de poder, omisión de deberes constitucionales o infracción de expresos dispositivos constitucionales. En este contexto, la declaratoria de abandono del cargo viene a ser la manifestación sustantiva del juicio político parlamentario, esto es, la declaración de voluntad final que se produce en el marco de un procedimiento destinado a verificar y hacer efectiva la responsabilidad constitucional del Presidente de la República, en el que se evalúa su desempeño y su conducta.

2.- El juicio político y el abandono del cargo en el constitucionalismo (y convencionalismo) latinoamericano.-

En el constitucionalismo latinoamericano, el enjuiciamiento político del Presidente de la República por incumplimiento de funciones (abandono del cargo), cumple una doble funcionalidad: como garantía de buen gobierno establecida para defender el principio de idoneidad política, es decir, una garantía para defender a los ciudadanos de la incapacidad, negligencia, abuso o perfidia de sus representantes o, como afirma Sagüés[1], un mecanismo de “saneamiento institucional” destinado a desplazar a funcionarios no idóneos para desempeñar un cargo; y como una herramienta (republicana) útil para desactivar crisis institucionales, especialmente, en países con institucionalidad democrática débil (Pérez Liñan[2]), como Venezuela.

El vasto historial de crisis político-institucionales y de inestabilidad política en América latina, ha propiciado que esta categoría haya alcanzado un notable desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial. Es cierto, la inestabilidad política no ha desaparecido en la región, pero, si ha cambiado la forma en que se expresa, pues, en la actualidad las crisis políticas comportan la remoción o renuncia de presidentes, sin que ello implique la ruptura democrática o del hilo constitucional. Así ha ocurrido con Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo en Paraguay, Collor de Melo en Brasil; también, ha habido casos de juicio político fallido (Ernesto Samper en Colombia, y Luis González Macchi en Paraguay en los años 2002 y 2003), actualmente Dilma Roussef está sometida a juicio político en Brasil.

En el constitucionalismo argentino el juicio político por incumplimiento de funciones constitucionales (abandono del cargo), tiene mayor desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial que en Venezuela. La Constitución argentina establece en los artículos 53, 59 y 60, la nómina de funcionarios que están sujetos a su defenestración por incumplimiento de funciones, sin perjuicio, de responsabilidades ulteriores derivadas de delitos o abuso de poder.

En esta perspectiva el tratadista argentino Diegues[3] ha definido al juicio político, así:

“El juicio político es una garantía de buen gobierno establecida para defender el principio de idoneidad política. Se trata de un reaseguro para –al decir de Madison– defender a la comunidad contra la incapacidad, la negligencia o la perfidia de sus representantes o, como afirma Sagüés, de un mecanismo de “saneamiento institucional” destinado a desplazar a magistrados y funcionarios no idóneos para desempeñar un cargo…omissis…el juicio político puede definirse como el procedimiento destinado a verificar y hacer efectiva la responsabilidad constitucional de los más altos funcionarios del gobierno evaluando el desempeño o la conducta del acusado. El pueblo hace escuchar su voz a través del Congreso en la Cámara de Diputados, que sirve directamente sus intereses. Tiene ésta la prerrogativa exclusiva de decidir la acusación del funcionario (art. 53 CN) quien, luego de haber realizado una escrupulosa investigación de los hechos12, habilita al Senado, a los representantes de los Estados provinciales, a constituirse en tribunal, para conocer los cargos que se le imputen (arts. 59 y 60 CN). Quizás sea por esto que se trate del arma más potente con que se halla investido el Congreso para ejercer su función de control sobre los restantes departamentos del gobierno.”

En el constitucionalismo chileno, estos mecanismos son objeto de desarrollo normativo bajo una categoría distinta, la de acusación constitucional. El artículo 52 de la Constitución chilena, establece la nómina de los funcionarios susceptibles de defenestración de sus cargos por acusación constitucional luego del respectivo juicio político. Importa precisar que desde 1.833, también, existe la categoría de notable abandono de deberes aplicable sólo a Alcaldes. Al efecto, el constitucionalista chileno Alejandro Silva Bascuñán[4], en su obra Tratado de Derecho Constitucional, refiere que el “notable abandono de sus deberes” se genera cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran, por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que la autoridad abandona sus deberes, olvidando o infringiendo los inherentes a la función pública.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-769/1998, ha definido el abandono del cargo en los siguientes términos:

“En consecuencia, dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio. Corolario de lo anterior es que el abandono debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado el abandono del cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta disciplinaria.” (resaltado añadido).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también, ha reconocido que en un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo, así en el caso: Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 31 de enero de 2.001, Serie C, Nº. 71, párr. 63, precisó:

“Esta Corte considera también oportuno referirse a la institución del juicio político en razón de su aplicación al caso concreto y por las exigencias establecidas en la Convención Americana en cuanto a los derechos fundamentales de las supuestas víctimas en este caso. En un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una relación de subordinación entre el órgano controlador -en este caso el Poder Legislativo- y el controlado -en el caso el Tribunal Constitucional-, sino que la finalidad de esta institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular”. (resaltado añadido).

3.- Antecedentes del abandono del cargo en Venezuela.-

En noviembre de 2.008, el abogado Herman Escarrá solicitó ante la Sala Constitucional interpretación abstracta sobre el contenido y alcance del artículo 233 de la Constitución de 1.999, específicamente, en el sentido de que el abandono del cargo pudiera ser declarado mediante referendo popular, ante la evidencia, para el solicitante, de que ante la Asamblea Nacional no podía ser planteado un juicio político contra Hugo Chávez, debido al control absoluto que éste ejercía sobre esa entidad. A tal efecto, argumentó: 

“La Constitución de 1999 desarrolla lo relativo a las ‘faltas absolutas’ del Presidente de la República en el artículo 233, incorporando el ‘abandono del cargo’, conocido como abandono de la función pública o abandono del servicio; dejación de la actividad pública por grave incumplimiento en sus obligaciones. Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, señala ‘Incumplimiento de un deber referido al abandono de la función pública que remite al abandono del servicio; dejación de las actividades públicas o privadas cuando su cumplimiento se erige en obligación exigible y puede producirse mediante una modalidad activa o adoptando una actitud pasiva. El Diccionario de la Real Academia Española al referirse a la palabra abandono ‘descuidar sus intereses u obligaciones’; el Diccionario Jurídico Venezolano ‘en general significa el incumplimiento de un deber’ en el constitucionalismo norteamericano el abandono del cargo se consuma por incumplimiento de obligaciones como ocurre en Brasil y en Colombia. En Colombia el artículo 194 refiere el abandono del cargo como supuesto de falta absoluta del Presidente de la República”. (Sentencia Nº. 264/2009, Expediente N°. 08-1450). 

Luego, en 2.013, la entonces Presidenta del Consejo Legislativo del estado Miranda, junto a otros dirigentes socialistas solicitó, también, interpretación abstracta del artículo 233, en el sentido de que las causales de falta absoluta fuesen extendidas a los gobernadores de estado, para aplicársela al gobernador del estado Miranda Henrique Capriles, a quien acusaban de no cumplir con los deberes inherentes a su cargo. Al efecto, basándose en los mismos argumentos de Escarrá, el abogado, Jesús Silva R., escribía en Aporrea: 

“Con el propósito de esclarecer los hechos y determinar la verdad ante el Derecho, urge tomar en consideración que el abandono del cargo es equivalente, conocido como abandono de la función pública o abandono del servicio; dejación de la actividad pública por grave incumplimiento en sus obligaciones. En efecto, Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, señala incumplimiento de un deber referido al abandono de la función pública que conlleva al abandono del servicio; dejación de las actividades públicas o privadas cuando su cumplimiento se convierte en obligación exigible y puede producirse mediante una modalidad activa o adoptando una actitud pasiva, es decir, se comete por acción (infracciones) o por omisión”.

En este mismo contexto, el precitado abogado escribe en La Razón, de fecha 21 de febrero de 2.016, lo siguiente:

“El abandono del cargo es equivalente al abandono de la función pública desidia en el servicio; dejación de la actividad pública por grave incumplimiento en sus obligaciones …omissis…. En esencia, el no ejercicio de las funciones de Gobernador es una violación grave a la CRBV y a la CEBM y por ende, si la Sala Constitucional reafirma los criterios que aquí expresamos, el Consejo Legislativo del Estado (sic) Miranda estaría jurídicamente facultado para calificar la falta absoluta del Gobernador y seguir el procedimiento contemplado en los artículos 66, 67, 68 de la CEBM.

Vale decir que el abandono del cargo previsto en la CRBV opera como causal para declarar la falta absoluta del Presidente significa la garantía de permanencia en el cargo en protección de los intereses del pueblo que le ha otorgado el mandato (¿?), así se  desprende del artículo 232, también, de la Carta Magna, con interpretación y efectos extensivos a Diputados, Gobernadores y Alcaldes. Actualmente, si Ramos Allup sigue haciendo travesuras conspirativas, bien pudiera caerle el poder del ‘mazo constitucional’”.

Al efecto, cabe observar que el proceso al que se alude fue extinguido (paradójicamente) por abandono de trámite, en sentencia N°. 407/2014, de la Sala Constitucional.

4.- Implicaciones jurídicas, políticas y éticas del abandono del cargo.-

Entre los mecanismos establecidos en los artículos 233, 340 y 347 de la Constitución, la declaratoria del abandono del cargo viene a ser el que tiene mayores implicaciones políticas, éticas y jurídicas, respecto de la situación jurídica que surge a partir de dicho pronunciamiento.

Ciertamente, los restantes mecanismos apuntan a interrumpir o a acortar el mandato constitucional sin que se deriven implicaciones jurídicas o ético-políticas, respecto del desempeño o conducta presidencial, pues, simplemente el presidente cesa en sus funciones al concluir su mandato o al ser interrumpido éste. En cambio, el juicio político al Presidente de la República, por abandono del cargo, comporta una valoración jurídica, política y ética de su desempeño presidencial y de su conducta personal, valoración que se proyecta sobre el régimen que encarna, lo que lleva a que su defenestración se produzca por las razones verdaderas, esto es,  violación de su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución (art. 236.1), con todas las implicaciones que de ello se derivan.

5.- Test de procedencia del juicio político por abandono del cargo.-

La revisión de los antecedentes del juicio político en el constitucionalismo latinoamericano, permiten concluir en que el juzgamiento político al Presidente de la República, por abandono del cargo, va a estar determinado por la aplicación de un “test de procedencia del enjuiciamiento político”, en el que la pretensión parlamentaria debe llenar los siguientes requisitos: consagración constitucional, incumplimiento de funciones, ilegitimidad presidencial, institucionalidad democrática debilitada.

i)                  Consagración constitucional.-

El artículo 233, consagra el abandono del cargo como una de las causales de falta absoluta, la cual, debe ser declarada por la Asamblea Nacional por simple mayoría.

ii)               Incumplimiento de funciones.-

Maduro, está ostensiblemente incurso en abandono de funciones por: 

·        abuso de poder (violación sistemática de DDHH); 

·        omisión de mandatos constitucionales (no garantizar la soberanía alimentaria; no garantizar la salud pública; no garantizar la seguridad ciudadana; no defender la soberanía ante Guyana; no defender la integridad territorial ante la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo; entre otros);

·        infringir normas constitucionales, entre ellas, las que postulan la separación de poderes, la descentralización, aquellas que postulan que la unidad primaria de la organización político administrativa de Venezuela es el municipio y no las comunas; aquellas que consagran una FAN no una FANB; aquella que postula que los componentes de la FAN son cuatro y no cinco; aquellas que postulan el pluralismo (antes un elemento de la democracia hoy su fundamento, como lo señala el Consejo Constitucional francés) no el pensamiento único, ente otros.   

iii)            Ilegitimidad presidencial.-

El presidente de la República desde el momento de su investidura ha venido perdiendo legitimidad de manera vertiginosa, las causa, de esta ilegitimidad son diversas: Dudas sobre la transparencia del proceso electoral que lo llevó a Miraflores; dudas sobre su nacionalidad; responsable de las más brutal represión a sectores opositores desde 2.014 (violencia institucionalizada, encarcelamiento de opositores, amenazas a medios de comunicación); incapacidad para manejar los asuntos públicos (constantes anuncios de políticas públicas, y constantes cambios de planes, ministros y estrategias); etc.

Lo anterior, ha llevado a la figura del Presiente de la República a registrar altísimos niveles de desaprobación y rechazo, según lo vienen registrando de manera consistente todas las encuestas de opinión, incluso aquellas afectas al oficialismo.

iv)             Institucionalidad democrática debilitada.-

Resulta evidente que refundar la República para establecer una sociedad democrática en un Estado social de Derecho, nunca fue un propósito sincero para la revolución socialista, que hizo del proceso constituyente una maniobra meramente táctica para asumir el control del Poder Público, y hacer aprobar una Constitución Fachada (Sartori), que sería desde su perspectiva, aparente y transicional. Lo anterior explicaría que desde el 15/12/1999, se haya privilegiado la colonización del Poder Público para, desde ahí, iniciar el desmontaje (gradual, accidentado, pero, sistemático) del Estado Democrático y social de Derecho, y la ejecución (igualmente, gradual, accidentada, pero, sistemática) de su verdadero proyecto político, el Estado Comunal Socialista, mediante sucesivos actos jurídicos validados por ilegítimos fallos de la Sala Constitucional, en materia de: organización y funcionamiento del Estado; Federalismo; DDHH; Constitución Económica; organización sindical y contratación colectiva; autonomía del BCV; régimen financiero y presupuestario;  hidrocarburos; entre otros; actos y decisiones éstas que, en parte, explican el cuadro político, económico y social actual.

El gradual, accidentado, pero, sistemático, proceso de desmontaje del proyecto político consagrado en la Constitución de 1.999 (Estado social de Derecho), y el accidentado, inconcluso, pero, persistente proceso de edificación de la institucionalidad comunal socialista, han creado un cuadro severo de anomia institucional caracterizada por la ostensible incapacidad de los residuos institucionales del Estado social de Derecho para componer y dirimir el conflicto, político, económico y social, lo que ha terminado inhabilitando a esta institucionalidad democrática (ahora meramente nominal) para desactivar la grave crisis que se ha venido gestando, precisamente, porque esta misma institucionalidad debilitada, precaria y anémica, constituye uno de los elementos que ha contribuido de manera determinante al carácter sistémico y terminal que ha alcanzado la crisis. Por tanto, resulta evidente que esta crisis sistémica sólo podrá ser conjurada mediante, la restauración de la institucionalidad democrática, el desmontaje de las bases de la institucionalidad comunal socialista, y el restablecimiento pleno de la Constitución de 1.999.

El Rol del TSJ

En lo tocante a la institucionalidad debilitada, especial mención merece el rol del TSJ, de manera especial su  Sala Constitucional, que ha venido validando los actos de las restantes ramas del Poder Público dirigidos a la sustitución del proyecto político establecido en la Constitución de 1.999 (Estado social de derecho y de Justicia) por el proyectos político oficialista (Estado Comunal Socialista), a partir de una singular concepción del derecho (marxista) que fue explicitada en el respectivo capítulo sobre Democracia Protagónica Revolucionaria contenido en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.007-2013 (Plan Simón Bolívar o I Primer Plan Socialista de la Nación), conforme a la cual: “el bien común determina el sentido de lo justo y lo bueno, es decir, de lo ético, lo cual determina el contenido de la legislación general, es decir, de la Constitución y las leyes. No es ético lo que va contra del bien común”.

6.- Procedimiento del enjuiciamiento político que lleva a la declaratoria del abandono del cargo.-

Debe crearse una comisión de diputados que cumpla función acusadora; debe garantizarse al Presidente de la república el debido proceso, garantizándole la oportunidad para que se defienda de los cargos que se le imputarían; el pleno de la Asamblea Nacional fungiría de juez político.

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[1] Sagüés, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, pág. 439, Buenos. Aires, Astrea, 2007.

[2] Pérez Liñan, Anibal, Juicio político al presidente y la nueva inestabilidad en América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2.009.

[3] Diegues, Jorge Alberto, Disertación ¿Es Constitucionalmente Admisible La Suspensión De Los Funcionarios Sometidos A Juicio Político?,Jorge Alberto Diegues, en sesión privada del Instituto de Política Constitucional, del 20 de octubre de 2010, http://www.ancmyp.org.ar/user/files/05Diegues.pdf

[4] Silva Bascuñan, Alvaro, Tratado de Derecho Constitucional, 3 Vols., págs. 104-08, Edit Jurídica, Santiago, 1963, Tomo III.

"LECCIONES DE RÓMULO BETANCOURT" Por Octavio Lepage

LECCIONES DE RÓMULO BETANCOURT

HOJA DE RUTA POLÍTICA (No 188)

Octavio Lepage

El momento que vivimos de crisis devastadora, con el país en ruinas, con amenaza de hambruna como en tiempos remotos de barbarie, es oportuno para recordar el ejemplo de Rómulo Betancourt, cuando conmemoramos un aniversario de su nacimiento el 22 de Febrero de 1908.

La primera gran lección es que el liderazgo político es para servir, no para mandar. A la muerte del tirano Gómez, Venezuela estaba hundida en la pobreza, azotada por el hambre y las enfermedades. El paludismo causaba estragos al igual que la tuberculosis. En aquel escenario tan impropicio, Rómulo Betancourt decidió entregarse al ejercicio de la política, y perseveró hasta su muerte sin hacerle concesiones al desaliento ni al derrotismo.

Otra lección fue honrar la lealtad, con fuerte rechazo a las trampas y zancadillas, vicio tradicional en la política venezolana. Su conducta política la ciñó a una inflexible línea recta. Uno de los primeros decretos de la Junta de Gobierno que siguió al derrocamiento de Medina Angarita, de la cual formaba parte, fue el que impedía a sus siete miembros ser candidatos a la elección presidencial que se realizó en 1947.

Tomando en cuenta su popularidad arrolladora, la habilidad y firmeza para manejarse en un terreno minado, consciente de que la inflexibilidad de Rómulo Gallegos operaba en su contra, en un escenario de tantas acechanzas, gente muy influyente, insospechable de arribismo, se acercó a Betancourt para plantearle que debía ser él, no Gallegos, el candidato presidencial. Rechazó de plano el planteamiento. Gallegos había aceptado ser candidato presidencial simbólico cuando compitió con el General Medina Angarita en 1941, cuyo triunfo estaba asegurado porque el Presidente de la República lo elegía el Congreso Nacional.

Un planteamiento reiterado de AD era el establecimiento del sufragio universal directo y secreto para la elección del Presidente de la República. Se consagró en la Constitución de 1947. Con este sistema se celebró la primera elección presidencial libre de Venezuela, en Diciembre de 1947, en la que triunfó Rómulo Gallegos abrumadoramente.

En el programa de AD figuró siempre que se establecería un sistema distinto para repartir los ingresos por la explotación del petróleo. Hasta entonces, las empresas petroleras, todas extranjeras, percibían casi la totalidad de esos ingresos, con participación muy reducida del Estado venezolano. Con audacia, sin temor a las reacciones imperiales, Betancourt estableció lo que se denominó “fifty-fifty”, es decir, el reparto por igual de esos ingresos entre empresa y Estado. También implantó el principio de “no más concesiones”.

Derrocado Gallegos, por el golpe militar del 24 de Noviembre de 1948, Betancourt volvió al exilio. Fueron 10 años de lucha intensa contra la dictadura. Es asombroso que a pesar de ese ajetreo intenso tuviera tiempo para escribir “Venezuela Política y Petróleo”, obra fundamental que debería ser estudiada por las nuevas generaciones venezolanas.

Derrocado Pérez Jiménez, Betancourt se presentó como candidato, y resultó electo Presidente, a pesar de que su contendor principal, el Vicealmirante Wolfang Larrazábal, gozaba de arrolladora popularidad. Su gobierno tuvo que hacer frente a la conspiración reaccionaria que organizó el atentado de la Avenida Los Próceres, donde estuvo a punto de perder la vida. Enfrentar también el terrorismo urbano y los frentes guerrilleros de los jóvenes dirigentes estudiantiles, que deslumbrados por Fidel Castro se empeñaron en tomar el poder por la fuerza. A pesar de enfrentarse simultáneamente a estos peligros tan serios hizo obra efectiva como gobernante. Mencionemos por el momento a la presa Guri, la tercera más grande del mundo.

Caracas, 25 de Febrero del 2016

"DE LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO A LA SIEMBRA DE LA NACIÓN" Por Germán Carrera Damas

Conferencia de Germán Carrera Damas en la Universidad Metropolitana 24/02/2016

DE LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO

A LA SIEMBRA DE LA NACIÓN

Germán CARRERA DAMAS

                                   Escuela de Historia

                                   Facultad de Humanidades

                                   y Educación. U.C.V.

            Agradezco a las autoridades de esta meritoria Universidad, el haberme brindado la ocasión de intentar contribuir a la valoración crítica de un hecho ideológico-político históricamente relevante.

Con la anuencia de Ustedes, seré breve. Expondré algunas consideraciones puntuales, que espero soliciten y merezcan la atención crítica del panel; y de todos los aquí reunidos. De ser así, vería satisfecha la esperanza de llevarme más de lo que podré ofrecerles. 

       Como suele ocurrir con las consignas exitosas, la de “sembrar el petróleo” reúne la intrínseca incongruencia lógica con la incitación a la libre interpretación. Hubo quienes pensaron, quizás interpretándola casi literalmente, que ello se lograría mediante el Banco Agrícola y Pecuario, creado en 1928. El cual, según observadores, si bien sirvió al fomento de algunas propiedades agropecuarias, también sirvió para sembrar de grandes casas la entonces naciente urbanización bautizada “El Paraíso”, y para que algunos privilegiados cuentahabientes se ofrecieran placenteras estadías en Francia. Esto amén de que algo de la tal siembra sirviese para que la generalidad de la sociedad pusiera al menos un pie en la modernidad cosificada en contadas obras públicas.

       

        Digo esto último, aunque tengo presente el desagrado que ello pueda causar a quienes han optado por sacralizar la consigna que nos ocupa, recomendándola como inspiración de claves políticas para alcanzar el así concebido progreso. Esto, pese a que los términos del artículo de prensa (Diario “Ahora”, año I, Nº 183, 1936), al cual la consigna sirve de título, prueban una predominante orientación agropecuaria:

       …”urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza  acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales.

      “La única política económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas. Mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros.”

*     *     *     *     *

      Por mi parte, creo que la consigna, reinterpretada, ha alcanzado su más alto nivel de realización con el acontecimiento electoral protagonizado por la sociedad venezolana en el 6 de diciembre del año 2015. En ella dio su más espléndido fruto el que, remedando el lenguaje revolucionario decimonónico francés, cabría denominar  “El Árbol de la Democracia”. Luego de siete décadas de haber sido sembrado y de haber sido sostenidamente regado, para decirlo a la manera de Winston Spencer Churchill, refiriéndose el heroísmo contemporáneo del pueblo británico, con “sangre sudor y lagrimas”.

       Debo advertir, de inmediato, que me resulta intolerable, desde el punto de vista historiográfico, la circunstancia de que pueda persistir la creencia de que “sembrar el petróleo” es una tarea por realizar. Rechazo, sobre todo, la suposición de que el no haberla cumplido explicaría las flaquezas de nuestro régimen sociopolítico liberal-democrático. Lo menos que puedo enrostrarle, a quienes tal error cometen, es que adolecen de una grave falta de sentido histórico. Queda puesta de bulto porque al evaluar el trayecto recorrido por nuestra sociedad, a partir del momento cuando la consigna fue formulada, no sólo desestiman las condiciones del camino histórico recorrido sino que identifican erróneamente, entonces y ahora, la meta por procurar. Lo que les impide advertir el significado de lo logrado. Por no decir que revelan, al proceder de tal manera, el imperio de arraigados prejuicios o, en tiempos actuales, el influjo de desatinadas quimeras pretendidamente gestoras de una nueva Humanidad.

                                                            * * * *

       Cuando un pequeñísimo grupo de románticos iluminados creyó posible edificar aquí una sociedad republicana democrática moderna, lo hicieron, probablemente, porque no leyeron críticamente el denominado Programa de febrero, formulado en los inicios del gobierno del General Eleazar López Contreras. Un error de enfoque les hizo privilegiar, en él, la fundamental tarea por realizar respecto del inadvertidamente revelado inventario de atraso, y de las consiguientes carencias, que representaba el desastroso balance de La Dictadura liberal autocrática actuante, con particular ensañamiento, desde comienzos del siglo, como beneficiaria, guardián y cuidador del generalizado atraso de la sociedad venezolana; incluso apreciada respecto de algunas de sus semejantes en el continente.

      Hasta entonces, el petróleo había servido para preservar esa situación de  atraso generalizado y de vulnerabilidad social; que había llegado hasta el extremo de que se viese puesta en riesgo, al hacerse mundial la inicial guerra europea, la subsistencia misma de una sociedad que, por otra parte, casi súbitamente resultó asomada en el escenario internacional, sólo porque de su suelo era extraído un recurso necesario para ¿sembrar fuerzas? en sociedades entonces asediadas por el nazi-fascismo y sus aliados.

     

          Mas, ocurrió que de las proyecciones ideológico-políticas democráticas de esa situación, contenidas en la denominada Doctrina de las cuatro libertades; y de la concerniente a la libre determinación de los pueblos, consagrada en la Carta del Atlántico, se desprendieron luces y motivaciones que coadyuvaron en la transformación, de la que inicialmente fuera concebida como una lucha por la Libertad y contra la Dictadura, en la determinación de edificar la que llegaría a ser, junto con las establecidas en India y Japón, una de las tres grandes democracias resultantes de la Segunda guerra mundial. Las tres lo fueron en sociedades que compartían el ser consideradas genésicamente inhabilitadas para sostener la instauración de un régimen sociopolítico liberal democrático moderno.

         Para ello hubo que desechar, en el caso de la sociedad venezolana, caminos que lucían de atractiva eficacia para propiciar el advenimiento del que habría de constituir un promisorio cambio histórico. No otra cosa podría parecer el convertir una sociedad virtualmente desahuciada por neo científicos sociales en una nación de ciudadanos. Pero, en medio de las dificultades se forjó y perseveró la convicción de que la conquista del Poder público habría de ser la condición para iniciar la siembra de un régimen sociopolítico liberal democrático moderno. Creo que no ha sido bien valorado el esfuerzo de creatividad intelectual demandado no ya para desechar el atractivo camino representado por las revoluciones mexicana y soviética, sino también y sobre todo para proponerse trazar uno acorde con el estadio histórico de la sociedad venezolana.

*     *     *     *     *

      Como sabemos, al cerrarse los caminos que podrían permitirle a tal sociedad iniciarse en la participación democrática, libre y eficaz, en los procesos de formación, ejercicio y finalidad del Poder público, quienes concibieron la instauración de un régimen sociopolítico liberal democrático moderno, como procedimiento necesario para poner en marcha una efectiva superación del generalizado atraso de la sociedad, optaron por el más tradicional, -y también por ellos censurado-, procedimiento de acceso al Poder público. Esta determinación, que por lo general ha sido mal enfocada críticamente, al vérsela como interrupción de una evolución hacia la Democracia supuestamente probable, representó, en realidad y por primera vez, la particular expresión venezolana de la que ha llegado a constituir una suerte de comprobación histórica. Me refiero a la imposibilidad de instaurar, -o de reinstaurarlo-, democráticamente, un régimen sociopolítico liberal democrático.

     Fue superado de esta manera, de suyo cuestionable pero históricamente necesaria, el impasse creado por el intento del General Presidente Isaías Medina Angarita de aprovechar el cese del obligante compromiso democrático internacional, gracias a la finalización de la guerra, para restablecer el procedimiento autocrático que permitiría garantizar la continuidad de La Dictadura liberal autocrática. La Junta revolucionaria de Gobierno puso en marcha la formación democrática del Poder público requerido para emprender la superación del global atraso de la sociedad. Cabe preguntarse: ¿sembrando el petróleo y realizando el Programa de febrero? o ¿haciendo que los postulados básicos de este último sirviesen, abiertamente, a la instauración de un régimen sociopolítico liberal democrático; y no, solapadamente, a facilitar la perduración de una versión remozada de La Dictadura liberal autocrática.

     Como correspondía, el primer paso consistió en rescatar la Soberanía popular, que permanecía secuestrada desde 1828, cuando el entonces general colombiano, nacido en la Gobernación y Capitanía General de Venezuela, en el 24 de julio de 1783, Simón Bolívar, asumió, mediante un procedimiento jurídicamente cuestionable, una Dictadura comisoria dirigida a preservar la recién lograda independencia de la República de Colombia. Intentaba detener, para ello, la marcha potencialmente destructiva del ordenamiento político republicano que tomaba la reanudada Disputa de la Independencia, bajo el influjo de los venezolanos que no se fueron con Bolívar.

                                                                                                                                      

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      La prédica democrática, luego de superar el embeleco suscitado por el estentóreo triunfo del golpe militar-civil bautizado Revolución Roja o soviética, perceptible en el denominado Plan de Barranquilla, entró a definir rumbo propio, atendiendo a las visibles necesidades de una sociedad sumida en el atraso sociopolítico. La obra por realizar era más compleja y ardua que la planteada por la necesidad de atender los requerimientos básicos en materia de alimentación, educación, habitación, comunicaciones y transporte. Para intentar realizarlas la condición primera y primaria consistía en integrar la Nación, sembrándola en los predios de la dispersión geográfica y del parcelario regionalista. Pero, sobre todo haciendo tomar conciencia a quienes la poblaban de su condición de ciudadanos, y no ya de súbditos sumisos del despotismo monárquico disfrazado de republicano.

     Pero, ¿sería posible sembrar Nación en una sociedad cuya incipiente conciencia nacional se hallaba presa del analfabetismo, de la desorientación histórica y de la carencia aun de la experiencia más elemental en el  ejercicio de la política?

     No se requería mucho esfuerzo para comprender que la magnitud, la profundidad y la diversidad del cambio sociopolítico, entrevisto y proclamado, hacía necesaria la formación de una Nación, en el sentido moderno del término. Lo que suponía poner por obra, de manera simultánea y coordinada, las fuerzas sociales capaces de generar, conducir y “gerenciar” los factores del cambio social, a la par en lo político, lo social, lo económico y lo ideológico, creativamente interrelacionados. Para esto era requisito partir de una franca comprensión del cuadro social. A ello dedicó Rómulo Betancourt un artículo titulado “80 millones más para el Fisco”, publicado en el diario El País en el 8 de diciembre de 1944 (Rómulo Betancourt, Antología política, Vol. tercero, 1941-1945).  Y lo hizo en términos que no podían ser más sobrecogedores:

….”Los venezolanos que no han adquirido, por cálculo o por beatitud, el compromiso de cerrar los ojos ante la realidad circundante, sabemos cuan alejado de los hechos está este risueño panorama de bienaventuranza [se refería a la versión oficial de la prosperidad del país]. Basta salirse un poco del perímetro urbano, y recorrer uno de los caminos venezolanos para toparse con la desolación de la tierra sin hombres, de las casuchas tristes de los campesinos, de los pueblos arruinados. Y aún sin abandonar las alcabalas de nuestra risueña y pretenciosa capital no sería difícil descubrir centenares de hogares de clases media y obrera donde no se respira el ambiente eufórico de quienes viven a cubierto del malestar económico.”

“Consciente del riesgo que de esa manera corría, Rómulo Betancourt asumió las consecuencias de su descarnada presentación de la realidad de la nación: “Que se digan estas cosas, con leal franqueza, ha disgustado siempre a los gobernantes de nuestro país. Preferirían que no hubiera voz discordante alguna, capaz de amargar la jocundia (sic) estruendosa del festín”… Ante esta conducta se ha pretendido que de …”seres agoreros deben ser calificados quienes no comulguen con la rueda de molino de nuestro riente presente y de nuestro porvenir de ilimitada felicidad.” Y asumiendo la responsabilidad consiguiente, expuso su propia visión de la cuestión:

      “Lo cierto, lo dramáticamente cierto, es que seguimos jugando nuestro destino como pueblo al azar de los dados. Como Nación somos remedo del ruletero afortunado que una noche desbancó a Montecarlo, y luego se dedicó a gastar a manos llenas la inesperada riqueza. Esa riqueza que estamos gastando tan sin sentido de la inversión reproductiva, capaz de garantizar estabilidad y sosiego a las generaciones de mañana, es el petróleo. Porque es fundamentalmente al auge de las ventas petroleras”…”Y no a la habilidad administrativa del equipo en el Poder. Ese mismo equipo, en los comienzos de su gestión debió apelar al aumento de un centavo de impuestos sobre los fósforos para equilibrar su renco presupuesto sólo porque en los mares Atlántico y Caribe los submarinos del Eje habían hundido algunas docenas de buques-tanques (sic) aceiteros.”

 Planteada así la cuestión política: “Culminó con una vehemente interrogante, de paso alusiva a Arturo Uslar Pietri:

     

 “Ante esta situación, la pregunta que surge es ésta: ¿qué debemos hacer? ¿Dejar que se esterilicen esos centenares de millones  en las arcas fiscales, -mientras está planteada a los venezolanos la gran tarea de construir una Nación de que hoy carecemos- o traducir a realidad operante, concreta, aquella retórica consigna de ‘sembrar el petróleo’?” (Adaptado del borrador de mi obra titulada Rómulo histórico, que puede consultarse en la página Web WWW.fundacionromulobetancourt.com).

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    En esta necesaria interrelación de factores propiciatorios del cambio histórico, el nacimiento de los partidos políticos modernos estableció vínculos que rebasaron el virtual aislamiento geográfico y minaron los regionalismos. Ya no se trataba de denominaciones genéricas, a lo decimonónico, sino de substanciales identificaciones, organizativas y programáticas.  Los venezolanos pasamos, rápidamente, a ser adecos, pedevistas, comunistas, copeyanos y urredistas, cualquiera fuese la respectiva patriecita. Al mismo tiempo, la expansión de la exploración-explotación petrolera propició el inicio de la conversión del peón agrario en obrero industrial, a la par que suscitaba una intensa movilidad social horizontal. A su vez, el fomento y desarrollo del movimiento sindical aceleró la formación de un proletariado moderno; mientras que el crecimiento y desarrollo de una primaria clase media era estimulada por la expansión del sector servicios y la generalización de la instrucción. Pero el más importante factor del cambio social, en lo concerniente al desarrollo, fue la promoción de la formación de una clase empresarial moderna, bajo los auspicios de la creación, en 1946, de la Corporación Venezolana de Fomento, CVF.

      Este conjunto de factores habría de actuar en función de una reforma agraria integral que, al rescatar del casi total atraso la mayor parte de la población, los haría propietarios de la tierra; y como tales un poderoso aporte a la formación y extensión de un mercado interno que diese salida a la producción generada por el desarrollo de una economía industrial en el cual se combinarían, de manera planificada y concertada, los sectores estatal y privado.

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    La empresa sociopolítica así concebida requería el diseño de una estrategia que permitiese reordenar el escenario internacional en el cual habría de hallarse ubicada la sociedad venezolana de postguerra. Los objetivos estaban claramente definidos por el escenario socio histórico. Alcanzarlos suponía lograr un nuevo relacionamiento con el capital internacional, comenzando por el invertido en la industria extractiva del petróleo; y hacer más equitativos los términos de intercambio en los mercados internacionales; lo que demandaba la reorientación de las políticas nacionales y de su marco internacional.

    

       La puesta en marcha de un régimen sociopolítico democrático, habría de ser el instrumento que auspiciase la puesta en marcha de la empresa  global que significase sembrar el petróleo mediante una operación entendida como la instauración de La República liberal democrática, en el marco de la denominada por Rómulo Betancourt La Revolución democrática o evolutiva; en el curso de la cual la sociedad venezolana confronta actualmente una segunda crisis, la de desarrollo.

      En síntesis, Arturo Uslar Pietri dijo sembrar el petróleo, -si bien la paternidad de esa consigna ha sido atribuida también a Alberto Adriani-. En el pensamiento de ambos imperaba la concepción de una sociedad fundamentalmente agropecuaria. Es decir, nos dijeron lo que a su juicio, socialmente conservador, debíamos hacer sembrando el petróleo. Rómulo Betancourt y sus hermanitos nos enseñaron cómo hacerlo. Pero la década terrible, transcurrida a partir de 1936, hizo su efecto en los respectivos enfoques de la cuestión; lo que sería asunto de otra conferencia.

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    Me permito concluir estas palabras subrayando lo que dije, casi al comienzo, respecto del …“pequeñísimo grupo de románticos iluminados [que] creyó posible edificar una sociedad republicana democrática moderna, empleando materiales considerados deleznables”… Lo hago cuando, todavía según algunos autores,  el mérito de lo conseguido recae en el petróleo, refiriéndose a lo logrado por la sociedad venezolano como La Democracia petrolera.

   Gracias.

  Caracas, 24 de febrero de 2016.