Desconocer los poderes de dictadura.
Enfrentamiento final en todos los terrenos
Por JOAQUIN F. CHAFFARDET R
Aquí lo que hay "es el dictapueblo,
el pueblo manda y nosotros
tenemos que obedecer”.
Nicolás Maduro
Las noticias a esta hora dan cuenta de que los
tribunales penales en por lo menos cinco estados, simultáneamente, han
declarado nula la recolección del 1% de las firmas para activar el proceso
revocatorio del felón de Miraflores y que las madamas del CNE suspendieron la
recolección del 20% de las firmas. La simultaneidad no es casual, ha
sido cuidadosamente planificada, tratando infructuosamente de quitarle al ente
superior del “poder judicial”, el TSJ, el peso total de la
responsabilidad de esa decisión.
Espero que esta acción de la dictadura convenza,
finalmente, de la realidad a quienes se aferran a una imposible salida “constitucional,
electoral, democrática y pacífica” a la tragedia que vive
Venezuela. Por supuesto, estoy seguro de que después de publicar
estas reflexiones, comenzaré a recibir descalificaciones por diferentes
razones: estoy en el exilio y no tengo derecho a opinar, me preguntarán si
cuento con armas para enfrentar a la dictadura y la de siempre, ¿por qué no
vienes y te pones al frente?
Las respuestas por adelantado son que cuando salí
al exilio, involuntario y con la DIM buscándome, no deje mi derecho a opinar
como venezolano en el puerto por el que salí del país. Que para enfrentar a las
dictaduras no necesariamente se requieren armas de fuego, se requieren
voluntad, ingenio, organización y propaganda. Pérez Jiménez no salió a tiros ni
el Muro de Berlín cayó a cañonazos. Y no me pongo al frente porque no soy líder
político ni quiero ser un preso político más en los últimos años de mi vida. Y
parece que hay muchos que, como caimán en boca de caño, están esperando que
otro y no ellos se pongan al frente y luego recoger los frutos. El
culillo es libre.
El objetivo del régimen de impedir el revocatorio,
se va alcanzando gota a gota. Es el cuento de la rana sancochada. La decisión
se produce en momentos en que la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad
Democrática, los Colegios de Abogados, el Consejo Universitario de la UCV y
otras instituciones de la sociedad civil denuncian, rechazan y
desconocen a los ilegítimos poderes públicos al servicio de la dictadura. No
puedo dejar de destacar que las posiciones más firmes y claras son las de los
Colegios de Abogados y de la UCV.
Ni la Asamblea Nacional ni la MUD hacen un
desconocimiento total de los poderes públicos.
La Asamblea Nacional en el punto Primero de su “Acuerdo
Sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución” se limita a
“Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333[1]
de la Constitución,
la autoridad y
vigencia de los
actos del Poder Ejecutivo
y de las
sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia, que contraríen los
valores, principios y
garantías democráticos y lesionen
los derechos fundamentales”. Tal decisión convierte, o
convertiría, a la Asamblea Nacional en una especie de “censora plañidera” de
los actos y sentencias de la dictadura. A mi juicio, no va a la raíz del
problema, que es la ruptura, esta vez más grosera que nunca, del “hilo
constitucional”: se pretende desconocer los hechos y no a los autores, el
efecto y no la causa.
Así como el Ejecutivo y el TSJ desconocen la
legitimidad de la Asamblea Nacional, por la incorporación de tres diputados
electos de conformidad con la Constitución y la ley, y que el TSJ de manera
inconstitucional e ilegal, pretende desconocer esa elección con una simple
medida cautelar, la Asamblea Nacional está en la obligación de
conformidad con los artículos 7 y 333 de la Constitución, a desconocer al Poder
Ejecutivo, al Poder Judicial en su integridad y al Poder Electoral.
El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por
unos sujetos elegidos por la pasada Asamblea Nacional al margen de la Ley y la
Constitución, lo cual lo hace ilegítimo e inexistente. Por lo tanto sus
miembros están usurpando la autoridad de ese tribunal, lo que hace NULOS DE
TODA NULIDAD todos sus actos y sentencias de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 138[2] de
la Constitución. Por lo tanto, son igualmente nulas sus sentencias que no
violen la Constitución como las que la violan.
Igualmente, el Poder Ejecutivo está encabezado por
un sujeto que no ha podido o no ha querido demostrar que es venezolano por
nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad. Un sujeto que ha desconocido la
autoridad, la legitimidad y las competencias constitucionales de la Asamblea
Nacional. Un sujeto que en complicidad con el TSJ han violado sin
empacho alguno el orden constitucional. Por lo tanto usurpa las funciones de
cabeza del Ejecutivo y la Asamblea Nacional debe desconocerlo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución
De la misma manera, las rectoras del CNE han
violado descaradamente la Constitución y usurpado legislativas de la Asamblea
Nacional para impedir que los venezolanos expresen, de manera libre y soberana,
su voluntad mediante el sufragio. Por ello, la Asamblea Nacional debe
desconocer al CNE. Cuando la presidente del CNE Tibisay Lucena anunció el
supuesto “cronograma electoral” lo que hizo fue una pantomima para diferenciar
a esa ilegítima institución de las decisiones que ella sabía que tomarían los
tribunales penales al unísono en el día de hoy: la anulación de la recolección
del 1% de las firmas para activar el revocatorio y la recolección
del 20% de las firmas, lo que solamente pudo haber sorprendido a los
incautos.
En el día de hoy se ha roto la más mínima
posibilidad de hacer realidad la imposible salida “constitucional,
electoral, democrática y pacífica”. El escenario está servido: un
enfrentamiento global de los sectores democráticos de la sociedad con la
dictadura. Democracia y dictadura son conceptos y sistemas políticos
irreconciliables. Un enfrentamiento en el que los sectores democráticos deben
liderar al pueblo. Es la hora de la desobediencia ciudadana, por ahora pacífica
y no armada. Es la hora de los paros y las huelgas. Es la hora de acciones
clandestinas audaces. Es la hora del desconocimiento del poder arbitrario y del
repudio a la corrupción, el narcotráfico, el militarismo, el hampa, el hambre y
la muerte.
Adicionalmente, la hora negra que vive la República
requiere de acciones que debiliten al régimen hasta hacerlo desmoronarse, entre
ellas la acción internacional.
De seguidas algunas de las acciones a tomar a las
que debe dársele prioridad son las siguientes:
Advertir a los inversionistas y a las instituciones
financieras nacionales y extranjeras, que la Asamblea Nacional desconoce y
desconocerá las obligaciones surgidas de cualquier operación de endeudamiento
y/o emisión de títulos valores que no hayan sido autorizados por la Asamblea de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la República.
Quienes los aprueben y los emitan serán sometidos oportunamente a los procesos
civiles, administrativos y penales que correspondan. Implementar dicha
advertencia de manera oficial, mediante acuerdo aprobado en la cámara y divulgado
en todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Advertir a los inversionistas nacionales y
extranjeros, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional,
que declarará nulos todos los acuerdos, asociaciones, concesiones y
obligaciones de cualquier naturaleza con empresas extranjeras o nacionales para
la explotación y/o procesamiento de los recursos los recursos minerales y de
hidrocarburos de la Nación, que de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución y las leyes, no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional.
Advertir a toda la comunidad internacional, que
todos los acuerdos o tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo
Nacional y que de conformidad a la Constitución y leyes de la República no hayan
sido sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional no
surtirán efecto jurídico alguno y el desconocimiento futuro de cualquiera de
sus resultados y eventualmente, generar responsabilidad civil, administrativa y
penal para los funcionarios venezolanos que los participaren en su puesta en
práctica
Denunciar las acciones de la dictadura en todos los
organismos internacionales y ante los gobiernos y parlamentos de todos los
países democráticos, exhortándolos a romper relaciones comerciales y
diplomáticas con la dictadura.
Por ahora no es necesario el uso de las armas.
Ahora es más necesaria que nunca la denuncia internacional y el uso de las
herramientas y los poderes disponibles para golpear a la dictadura con fuerza y
buena puntería.
JOAQUIN F. CHAFFARDET R.
@jchaffardet
[1] Artículo
7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están
sujetos a esta Constitución.
Artículo
333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto
de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto
en ella.
En
tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
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