“EL ASALTO A LA
CONSTITUCIÓN”
Por Carlos Canache Mata
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya
lleva, en su palmarés de este año, 30 sentencias que bloquean funciones de la
Asamblea Nacional (AN), al anular leyes y actuaciones aprobadas por ésta en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
La última felonía ha sido el arrebato del
Presupuesto Nacional del ejercicio fiscal del año 2017, cuya discusión y
aprobación es de la competencia de la AN (artículo 187, numeral 6, de la
Constitución), para que sea la Sala Constitucional del mismo TSJ la que asuma,
en usurpación insólita e insolente, un cometido que es de la exclusiva
incumbencia parlamentaria.
¿Qué se alega para el asalto a la
Constitución? Que ya antes, el pasado 2 de septiembre, la Sala Constitucional
había declarado (sentencia Nº 808) que todos los actos de la AN, decididos y
por decidir con posterioridad al 28 de
julio, fecha en que reincorporó a los diputados de Amazonas en “desacato” de
una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, son “absolutamente nulos y carentes
de toda vigencia y eficacia jurídica”. El TSJ, al considerar que no tendría
ninguna validez la aprobación del Presupuesto por la AN y, en virtud de que el
país no puede quedarse sin ese fundamental instrumento de la actividad
económica, dictó la sentencia Nº 814 del pasado 11 de octubre, en la que
sostiene que “en esta oportunidad el Presidente de la República deberá presentar
el Presupuesto Nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción
constitucional”.
Así se ha hecho. Maduro, ya investido con
esa “autorización judicial”, en un
sainete montado en las afueras del Panteón Nacional que irrespetaba la tumba de
Bolívar ya profanada por Chávez, firmó el decreto-ley del Presupuesto y envió
al vicepresidente Istúriz a consignarlo ante el TSJ. Al igual que en la
Alemania nacionalsocialista y en la Italia fascista, el Estado venezolano se
halla en lo que se conoce como un proceso de desconstitucionalización, un
proceso en el que la normatividad extralegal
o contra legem se impone en la práctica y deroga la Constitución escrita
que aprobó el pueblo en ejercicio de su poder originario. Se generarán graves
consecuencias económicas relacionadas con el financiamiento externo e interno,
y en los mercados se afectará el nivel de riesgo país de Venezuela. Y como
ahora no habrá control legislativo del Presupuesto, los recursos financieros de
la nación se drenarán con más facilidad a Andorra y otros paraísos fiscales,
para gozo de la llamada boliburguesía, la nueva clase formada en torno de la
cúpula civil-militar que durante 18 años ha detentado el poder.
Maduro,
como causahabiente de Chávez, ha resultado peor que el causante. Ya no coquetea
con la dictadura, se desposó con ella. Por eso, la AN recién acordó “convocar a
todos los factores de la sociedad venezolana (incluyendo a la FAN
incontaminada) a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la
democracia y del voto”.
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